El Congreso de la Ciudad de México sostuvo ante el juez décimo quinto de distrito que no estaba obligado a consultar a los pueblos indígenas y barrios originarios para redactar la Ley de Planeación, pues ese ejercicio se realizará una vez que se aprueben los diversos instrumentos contenidos en la norma, como los planes general de desarrollo y de ordenamiento territorial de cada alcaldía.

Contrario al documento que envió la Comisión de Planeación, presidida por panistas, en el que se reconoce que se debió haber consultado a los pueblos y barrios, el Congreso, a nombre de las comisiones unidades de Planeación y Administración, a cargo de la morenista Guadalupe Chavira, explicó en otro oficio que no existe una afectación a los derechos humanos de ese sector, pues la ley no es un instrumento de planeación en sí. Por ello, propuso al juez sobreseer el juicio de amparo interpuesto por los pobladores.

En el informe, el Legislativo desafía a los vecinos a demostrar que pertenecen a un pueblo o barrio originario:

“Los quejosos no cuentan con el interés jurídico y legítimo necesario para interponer la presente instancia constitucional, ya que no acreditan su condición de integrantes de pueblos originarios, no siendo suficiente la sola autodescripción subjetiva individual como ‘originarios’”, se lee en el documento firmado por el director de lo Contencioso del Congreso local, Amado Basulto Luviano.

En tanto, ante el rezago en la dictaminación de leyes, la Junta de Coordinación Política anunció que se reducirá la presentación de iniciativas y puntos de acuerdos en las sesiones ordinarias, a fin de acelerar los trabajos legislativos.

Se acordó reducir a 10 puntos de acuerdo por sesión, mientras el tiempo de presentación de iniciativas se reducirá a tres minutos, y cinco minutos para dictámenes; esto, con la finalidad de que las sesiones tengan una duración aproximada de tres horas.