La liberación de Mónica Esparza Castro, quien permaneció más de siete años en la cárcel por delitos que no cometió, se debió en buena medida al trabajo eficiente de un comité interinstitucional en el que colaboran diversos organismos del Estado mexicano, pero que hoy no tiene un estatus jurídico sólido ni recursos económicos propios, por lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó su fortalecimiento.

Así lo indicó la abogada Stephanie Erin Brewer, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), quien señaló que el de Esparza no es un caso aislado, sino que forma parte de un escenario generalizado de agresiones sexuales contra mujeres detenidas por las fuerzas de seguridad.

Un juzgado de distrito en Torreón, Coahuila, ordenó la liberación de Mónica, su hermano Édgar y un tercer coacusado, quienes habían sido señalados como responsables de secuestro y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.

Ella fue víctima de tortura sexual y amenazas que la obligaron a declararse culpable. Desde 2015, recordó Brewer en conferencia de prensa, se creó un mecanismo interinstitucional –coordinado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres– que se encarga de recopilar y analizar información relativa a episodios de tortura sexual. En esta causa, el dictamen de ese organismo ayudó al juez a emitir una sentencia absolutoria. Pese a ello, dicho mecanismo no cuenta con un marco normativo fuerte ni con recursos económicos ni humanos propios, por lo que la CIDH ordenó al Estado mexicano que lo fortalezca. Según datos oficiales, hasta 40 por ciento de las mujeres detenidas denuncian haberlos padecido.