Para que funcione la Fiscalía para la Investigación del Delito de Feminicidio es necesario duplicar el número de agentes del Ministerio Público y oficiales secretarios que actualmente atiende los casos en la Agencia Especializada –de 10 a 20–; incrementar de nueve a 30 los policías de investigación que tiene adscritos para toda la ciudad, y disponer de peritos en diversas disciplinas, todos altamente especializados y formados con perspectiva de género y de derechos humanos.

Sayuri Herrera Román, designada el domingo pasado por la fiscal general de Justicia, Ernestina Godoy Ramos, al frente de dicha área, advirtió que no contar con personal suficiente que cubra el perfil adecuado sólo garantizará impunidad y una mayor violencia institucional hacia las mujeres.

Entrevistada en el Congreso capitalino, al acudir como invitada a la entrega de la medalla Hermila Galindo, a unos días de que asuma formalmente el cargo, explicó que el personal con que cuenta la Agencia Especializada en Feminicidio es insuficiente; lo sabemos porque hemos venido trabajando allí en la defensa de víctimas, y casos que se iniciaron el año pasado continúan en investigación, no han podido cerrarse porque hay insuficiencia de personal en relación a la incidencia de feminicidios, y porque no hay las condiciones de trabajo dignas, adecuadas, ni materiales que se necesitan.

Anticipó que para integrar la fiscalía se emitirán convocatorias abiertas. “Debemos partir de personas que tengan capacidad probada y se garantice a las víctimas el acceso a la justicia y se cumpla el objetivo para la que fue creada: investigar, judicializar y lograr sentencias.

Llamado a jueces

Para esto, hizo también un llamado al Poder Judicial de la Ciudad de México para que los jueces apliquen la justicia con perspectiva de género.

Herrera Román explicó que el plan de trabajo que presentó al postularse como candidata a la fiscalía fue elaborado con la presidenta de la asociación Justicia Pro Persona, Katherine Mendoza Bautista, así como abogadas, organizaciones, colectivos, activistas y madres de víctimas de feminicidio, y su aplicación es irrenunciable, como también lo es disponer de instalaciones dignas para atender a las familias de las víctimas.

Herrera Román, quien representó a la familia de Lesvy Berlín y consiguió que se reclasificara el delito de homicidio a feminicidio con una sentencia de 45 años de cárcel, planteó que será necesario que las unidades de la fiscalía, que se concentran en la Agencia en Azcapotzalco, se ubiquen en puntos estratégicos de la ciudad para facilitar una actuación rápida y que estén al alcance de las familias de las víctimas.