Cuernavaca, Mor., Durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco –que se inició el primero de octubre de 2018– al menos cuatro delitos han aumentado. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, si se comparan los meses de enero de 2019 y 2020, los casos de violación simple pasaron de 20 a 30 y los de abuso sexual de 28 a 31; asimismo, hubo cuatro feminicidios y un caso de acoso sexual, delitos de los cuales no se tuvo registro el año anterior.

La tarde del pasado viernes, Marisol, una niña de entre cinco y seis años de edad, fue hallada sin vida, desnuda y carcomida por la fauna local en un cultivo de rosas a orillas de la Autopista del Sol, cerca del municipio de Temixco.

Autoridades policiacas dijeron que Carolina, su madre, y sus hermanos vivían en una casa de campaña instalada en las inmediaciones de la autopista mencionada, donde la mujer vende flores. El feminicidio de la menor se convertiría, según cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE), en el séptimo cometido en lo que va del año.

Antes hubo uno en Amacuzac, otro en Tlaquiltenango y uno más en Tepoztlán, los días 19, 22 y 23 de febrero, respectivamente.

De octubre de 2018 a enero de 2020, es decir, durante la administración de Blanco Bravo, se han perpetrado 53 feminicidios, según cifras oficiales, pero organizaciones no gubernamentales (ONG) han contabilizado, sólo en los 12 meses de 2019, más de 100.

Los feminicidios en Morelos van en aumento a pesar de que en agosto de 2015 se declaró la alerta por violencia de género en los municipios de Cuernavaca, Cuautla, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Xochitepec, Temixco y Yautepec. Pero según las ONG, ni el Instituto de la Mujer, ni el gobierno del estado ni los ocho municipios citados aplican las políticas previstas en esa declaración.

Con el argumento de que de cada mil delitos que se perpetran en el estado sólo cuatro se castigan, la mañana de este miércoles, durante la comparecencia del titular de la FGE, Uriel Carmona Gándara, la diputada priísta Rosalina Mazari Espín le pidió ante el pleno del Congreso local que dimita: Si no puede con este cargo, mejor renuncie, le dijo.

El fiscal le respondió que respeta las cifras de las organizaciones civiles, pero invitó a la diputada a informarse con datos oficiales y a visitar la FGE para observar de cerca su trabajo.

La diputada recordó que la fiscalía recibió un presupuesto de más de 700 millones de pesos, sin dar resultados. El fiscal contestó que alrededor de 500 millones de pesos se destinan al pago de nómina y que hay muchas deudas.