Sábado 29 de febrero de 2020, p. 23
Madrid. Oriol Junqueras, el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), anunció que pretende ser candidato a la presidencia de la Generalitat en los próximos comicios autonómicos, cuya fecha está todavía por decidir el actual mandatario, Quim Torra, quien dejará el puesto tras ser inhabilitado para ocupar un cargo público por el delito de desobediencia. Junqueras fue condenado a 13 años de cárcel por su participación en la declaración unilateral de independencia de octubre del 2017.
En una entrevista con el diario independentista El Nacional, Junqueras anunció que su candidatura, sin embargo, depende de que el Tribunal General de la Unión Europea (UE) resuelva a su favor el recurso presentado para que se formalice su condición de eurodiputado, lo que anularía la inhabilitación que le impuso el Tribunal Supremo español.
El líder confía en que la UE fallará a su favor, pero autoridades judiciales españolas sostienen que al menos en territorio español y de cara a una contiende electoral prevalecería la sentencia del alto tribunal español.
Junqueras también destacó que su partido es el que más ha confiado
en la mesa de diálogo abierta con el gobierno español del socialista Pedro Sánchez para resolver el conflicto catalán. Junqueras, al igual que los otros nueve políticos catalanes condenados hace cuatro meses por la justicia española, pasará la mayor parte del tiempo en libertad, en su caso porque el gobierno autonómico autorizó por conducto de Instituciones Penitenciarias catalanas que dé clases de Economía en la Universidad de Vic. Lo hará al menos tres días a la semana y será la antesala del otorgamiento de un régimen penitenciario de tercer grado, que supone pasar la mayor parte del tiempo fuera de prisión.
Estos permisos penitenciarios provocaron malestar en sectores de la sociedad, como la plataforma Convivencia Cívica Catalana, que anunció la presentación de una denuncia por el delito de quebrantamiento de condena
contra Junqueras, el resto de políticos presos y la propia administración autonómica catalana que los autorizó, en ocasiones en contra del propio criterio de la Fiscalía.