De principios de 2018 a la fecha, en Tamaulipas han ocurrido al menos tres casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, en las que han estado involucrados miembros de la policía estatal y que han dejado al menos 10 víctimas mortales, pero la gran mayoría de los agentes señalados por esos hechos escaparon antes de ser investigados.

Así lo indicó Raymundo Ramos, director del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), quien señaló que podría haber más episodios de este tipo que no se han denunciado públicamente, lo que configura un patrón criminal de la policía del estado.

En entrevista con La Jornada, el activista recordó que el 30 de marzo de 2018 hubo en la ciudad de Reynosa una persecución entre policías estatales y presuntos delincuentes, en la que resultó muerto Rafael Montoya Rosales, quien se dedicaba a la plomería, era casado y tenía tres hijos.

Aunque hubo numerosos testigos de la ejecución extrajudicial, entre ellos un sacerdote y varios feligreses que participaban en una peregrinación religiosa que pasaba por el lugar, un grupo de policías estatales le sembraron cargadores y otros implementos de armas de fuego y se retiraron de la escena del crimen, sin que hasta el momento ninguno de ellos haya sido detenido.

Un segundo caso –del cual ya se informó en este diario– ocurrió el 5 de septiembre de 2019 en Nuevo Laredo, en la colonia Valles de Anáhuac, cuando al menos ocho personas fueron víctimas de ejecución por parte de agentes de la policía estatal, luego de haber sido detenidas en diversos domicilios y ser obligadas a vestirse con uniformes militares y pasamontañas.

El lugar del asesinato, de acuerdo con el CDHNL, fue manipulado por los policías estatales para simular que se había tratado de un enfrentamiento. Por ese caso, se giraron órdenes de aprehensión contra ocho uniformados, pero sólo dos se cumplimentaron; los restantes siguen prófugos.

Un tercer episodio, el cual también consignó La Jornada, tuvo lugar el 8 de febrero de este año, cuando Juan Daniel Ortiz Martínez –ingeniero de profesión– recibió 264 disparos que, de acuerdo con estudios periciales, fueron disparados por policías estatales cuando la víctima conducía su camioneta en la ciudad de Río Bravo.

Aunque en este caso también se señaló la presunta responsabilidad de ocho agentes, todos ellos escaparon para no ser detenidos.

Son tres casos de los que hemos sabido, pero ha habido más en otras ciudades. Podrían ser más de 10 y eso es muy alarmante, por eso le vamos a exigir al Congreso de Tamaulipas que demande la renuncia del fiscal del estado, Irving Barrios, y el secretario de Seguridad Pública, Augusto Cruz. Si el Congreso estatal no nos hace caso, vamos a acudir al Senado, para reiterar dicha exigencia, señaló Ramos.