La violencia en México, que afecta en particular a niñas, niños y adolescentes, es producto de diversos factores, entre ellos la normalización de las actitudes o entornos agresivos hacia los menores y la falta de capacitación, presupuesto e infraestructura de los organismos encargados de prevenir que los pequeños sufran alguna vulneración a sus derechos.

Así lo advirtieron los participantes en el conversatorio internacional Desafíos de la agenda de niñas, niños y adolescentes en América Latina y el Caribe, quienes lamentaron que la crisis de derechos humanos en el país ha sido enfrentada por el actual gobierno con ocurrencias e improvisación en vez de políticas públicas bien pensadas.

Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), señaló que el reciente feminicidio de la niña Fátima Cecilia, además de otros delitos contra menores de edad, son el efecto de una normalización de las violencias y de invisibilidad (de las necesidades) de la niñez desde hace muchos años.

Luego de advertir que los homicidios dolosos de niños y adolescentes son cada vez más frecuentes, el funcionario señaló que uno de los principales factores que inciden en esta ola de violencia es que los servicios públicos de protección y procuración de justicia no funcionan de manera adecuada o simplemente no existe atención especial para los menores.

Consultado sobre si es posible culpar al neoliberalismo de este escenario –como ha mencionado el presidente Andrés Manuel López Obrador–, Bucio estimó que dicho modelo económico sí ha tenido un efecto degradante en la cohesión de las familias, cuyos integrantes tienen que desempeñar labores con bajos ingresos y pocas garantías laborales.

En tanto, Juan Martín Pérez, secretario ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, subrayó que el feminicidio de Fátima no es un caso aislado, sino el producto de una dinámica de violencia que genera en promedio el asesinato de 3.6 infantes diarios en el país.

“En las autoridades hay un patrón repetitivo de no reconocer sus errores y responsabilizar a las propias víctimas, filtrando información sobre temas de orden privado o que no tienen que ver con el expediente para minar la credibilidad de los familiares.

Seguimos viendo una lógica de indolencia, con respuestas que no son de políticas públicas, sino más cercanas a la ocurrencia, deploró Pérez.

En el foro participaron también Norberto Liwski, ex vicepresidente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, y representantes de la Unión Europea en México.