En el Congreso capitalino fueron presentadas cuatro iniciativas para que los protocolos de búsqueda de niños o adolescentes extraviados se activen de manera inmediata, así como para sancionar a servidores públicos que difundan información sensible contenida en carpetas de investigación.

Los diputados José Luis Rodríguez y Orlando Garrido propusieron reformar la ley de la Fiscalía General de Justicia a fin de regular la alerta Ámber e iniciar una carpeta de investigación especial de forma inmediata una vez que el Ministerio Público tenga conocimiento de la ausencia, extravío, sustracción, no localización o desaparición de cualquier niño y/o adolescente.

La iniciativa de Rodríguez incluye una sanción penal y económica de dos a ocho años de prisión, y de 100 a 400 unidades de medida y actualización (Uma), es decir, 8 mil 688 a 34 mil 752 pesos, a todo aquel servidor público que omita iniciar la búsqueda inmediata.

En cuanto a la filtración de imágenes, legisladores de Morena propusieron sancionar con inhabilitación inmediata hasta por 10 años al servidor público que divulgue información relacionada con víctimas de algún delito, y una pena de dos a ocho años de prisión o una sanción económica de 100 a 400 umas.

Por otra parte, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos llamó a las autoridades de todos los niveles de gobierno a generar estrategias urgentes y específicas para la prevención del feminicidio infantil, y considerar a las niñas, niños y adolescentes que quedan en la orfandad como resultado de un acto extremo de violencia hacia las mujeres, que son dos en promedio por caso.

La presidenta del organismo y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, afirmó que ante los recientes hechos de violencia, la alerta Ámber falló porque “no lo operan bien.

La estadística y los estudios nos plantean que el tiempo en estos casos es primordial, y por eso la activación tiene que ser inmediata, sin plazos, sujeta a la discrecionalidad o a requisitos adicionales a la denuncia que hagan los familiares, precisó.