Las autoridades encargadas de investigar la desaparición forzada de los luchadores sociales Aurora de la Paz Navarro y Carmelo Cortés, ocurrida en 1976, cometieron una serie de omisiones e irregularidades e ignoraron el contexto de graves violaciones a las garantías básicas existente en aquella época, de acuerdo con un tribunal colegiado, señaló la asociación civil Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos.

En un comunicado, la organización recordó que interpuso un amparo por la deficiente indagatoria de las autoridades en este caso, el cual fue analizado por el octavo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito.

En su resolución 42/2019, dicha instancia señaló la existencia de elementos suficientes para acreditar la desaparición forzada de Aurora de la Paz, en el contexto de una práctica generalizada de desapariciones cometidas por agentes gubernamentales de seguridad, en este caso en Guerrero.

De igual manera, acreditó la desaparición de Navarro del Campo a cargo de la Policía Militar, dentro de esa práctica, así como la omisión del gobierno en la garantía de los derechos humanos afectados por tal suceso, y la comisión de un delito de lesa humanidad.

La autoridad judicial mencionó que la carga de la prueba corresponde a los encargados de la investigación, y que un elemento constitutivo de la desaparición forzada es la negativa a brindar información sobre la suerte o paradero de la víctima.

Asimismo, señaló que la autoridad investigadora debe tomar en cuenta la existencia de un patrón sistemático, práctica reiterada aplicada o tolerada por el Estado, de violaciones graves a los derechos humanos en ese contexto histórico social, con la finalidad de tener una noción más próxima a la realidad sobre la desaparición forzada de Aurora de la Paz Navarro.

Dentro de la sentencia, se ordena a la Fiscalía General de la República (FGR) integrar a la investigación los planes de operaciones militares de la época, es decir, que se conozca la localización o identificación de los centros de detención en los que permanecieron recluidos los integrantes de grupos políticos de oposición.

De igual manera, se pide a la FGR que analice la estructura orgánica y funcionamiento de dichos centros de internamiento y los procedimientos de actuación del Ejército u otros grupos policiales para la detención e, incluso, tortura y traslado de cadáveres.