Querétaro, Qro., El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso local pidió al gobernador, el panista Francisco Domínguez Servién, que ejerza su derecho de veto en la llamada ley guarura porque es violatoria a la garantía de igualdad contemplada en la Constitución federal al tener privilegios injustificados, además de que generará un gasto de alrededor de 10 millones de pesos al año.

El martes pasado el pleno del Congreso estatal aprobó reformas para que el gobernador y los titulares de las dependencias encargadas de la seguridad del estado tengan personal para el desempeño de sus funciones y cuando hayan concluido su encargo.

Aunque manifestó no conocer el contenido de la ley, Domínguez Servién declaró que la reforma fue para homologar la norma local con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas a fin de evitar abusos en la asignación de escoltas a los servidores públicos.

En ese tenor se manifestaron el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados Torres, y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Miguel Ángel Torres Olguín, quien indicó que esa disposición está en el segundo párrafo del artículo 53 de la mencionada ley federal.

El texto dice que los servidores públicos no podrán disponer de seguridad personal excepto en los casos en que la normativa que regule su actividad lo contemple o por las circunstancias se considere necesario proveer de dicha seguridad, siempre que se encuentre debidamente justificada a juicio del titular de las propias corporaciones de seguridad y previo informe al órgano interno de control.

Sin embargo, dicha redacción no menciona que la seguridad personal sea otorgada cuando haya concluido el encargo, como indica la reforma aprobada el martes por los diputados queretanos.

El legislador priísta Hugo Cabrera Ruiz dijo que promoverá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la ley guarura y solicitará al gobernador vetarla.