Martes 18 de febrero de 2020, p. 3
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) destacó que las acciones y políticas públicas para garantizar los derechos de las mujeres no se resumen en un decálogo
, como el que dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador el viernes pasado. Es necesaria la formación, comprensión y acción efectiva para garantizar la vida e integridad de las mujeres y con ello restaurar el tejido social que cada día se rompe y vulnera
, afirmó.
Resaltó que las mujeres en México vivimos un contexto generalizado de violencia, en el que las autoridades de los tres niveles de gobierno permanecen prácticamente ausentes y omisas
.
En un comunicado, indicó que nuevamente se han hecho públicas diversas manifestaciones de indignación y repudio contra la violencia feminicida en México, particularmente luego del asesinato de la joven Ingrid Escamilla, perpetrado el pasado 9 de febrero en la Ciudad de México.
Añadió que día con día se expone a la luz pública la falta de voluntad política para poner en primer lugar la atención al delito del feminicidio, que de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se incrementó 137.5 por ciento durante los pasados cinco años
.
La impunidad
Recordó que que en 2019 sólo 976 casos fueron iniciados como feminicidio, pues existe aún mucha resistencia, discriminación y deficiencias que derivan en la impunidad, a pesar de la gravedad y brutalidad con la que son asesinadas las mujeres
.
Aunado a ello, expuso, la violencia feminicida no distingue edad y tampoco se frena frente a niñas y adolescentes, que también son víctimas de esta violencia de manera brutal, como es el caso de la niña Fátima, desaparecida el martes pasado y posteriormente asesinada
.
Ante este panorama, el OCNF advirtió que es impostergable que el Ejecutivo federal tome acción a la brevedad
. Entre otras medidas, demandó que construya de la mano de familiares de víctimas, sobrevivientes de violencia, sociedad civil y organismos internacionales, una política integral con perspectiva de género para combatir el feminicidio.
También, que instruya a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de las Mujeres hacer públicos los avances en la implementación del Plan Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.