Miles de guatemaltecos cruzan cada año a México para trabajar y aunque la mayoría ingresa de manera regular –o legal– sus condiciones laborales son de explotación y/o desprotección. Destaca la situación desfavorable de las trabajadoras domésticas y los jornaleros agrícolas.

Lo anterior se desprende de una investigación difundida esta semana por la unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (SG), elaborada por Mónica Martínez de la Peña y Juan Bermúdez Lobera.

Los especialistas anticipan que un análisis serio y responsable de tal entorno negativo puede repercutir favorablemente en propuestas de cambio hacia una migración segura, ordenada y regular.

Si bien la mitad de los trabajadores detectados en esta investigación obtuvo de sus patrones alimentos y 46 por ciento hospedaje, casi todos los consultados carecían de acceso a servicios de salud, vacaciones y aguinaldo.

Estas prestaciones siguen desdibujadas, advierte el estudio, toda vez que sólo 0.9 de los guatemaltecos en referencia reportaron algún esquema de atención a la salud, apenas 1.2 dijo tener algún periodo de vacaciones pagadas y 1.8 por ciento recibió gratificación de fin de año, aun cuando tales derechos se encuentran incluidos en la Constitución y la Ley Federal del Trabajo de mexicanas. Esta realidad adversa se encuentra frecuentemente en los subsectores agropecuario, del transporte y los servicios domésticos.

En cuanto a las características de esta población migrante transfronteriza, destaca su bajo nivel de escolaridad.

El origen de esta movilidad es antiguo y en un principio estuvo vinculada a la plantación del café, pero luego se diversificó y a finales de 1990 se afianzó el trabajo doméstico como actividad frecuente de los guatemaltecos en la frontera sur mexicana.

Los migrantes se asientan principalmente en Chiapas, una de las entidades más pobres y con menor índice de desarrollo del país.

Hace algunos años se dio a guatemaltecos y beliceños alternativas de ingreso a partir de tarjetas de visitante o de residente temporal, algunas con vigencia de un año para realizar incluso actividades remuneradas. Apenas el año pasado estos beneficios se extendieron a otras naciones de Centroamérica.

Según una encuesta retomada por los autores de la investigación, de los 263 mil cruces en 2018 de migrantes guatemaltecos, en 98 por ciento de los eventos registrados declaró haber trabajado en México durante la anterior estancia.

Es decir, a pesar de esta dinámica anual y frecuente, los empleos continúan siendo precarios, según los datos presentados en el estudio.

Del flujo laboral transfronterizo en estudio, 43.5 por ciento trabajó en el campo, 20 por ciento en fábricas, 21.2 en la construcción, 15.7 por ciento en el comercio, 4.7 en el transporte, 7.7 por ciento como empleado doméstico y el resto en servicios diversos.

Asimismo, 40 por ciento de estos trabajadores migrantes son varones jóvenes y 37.2 por ciento de 30 a 44 años. Casi todos con estudios de primaria o secundaria, ya sea completa o trunca, y algunos sin ningún tipo de instrucción.

Los sueldos son bajos, en promedio entre dos y tres veces el salario mínimo, pero los peor pagados son los campesinos y el servicio doméstico, donde se concentra la mayoría de las mujeres. En este último rubro, sólo 8 por ciento dijo tener estímulos como alimentos y hospedaje, pero es ahí, en el sector servicios, sobre todo en los domésticos, donde se observan jornadas más largas: cuatro de cada 10 empleadas domésticas tienen una jornada mayor de ocho horas.

Además, 60 por ciento de este flujo transfronterizo trabaja seis días a la semana, pero se observan jornadas aún más largas en los rubros agropecuario, servicios domésticos y comercio.

Se concluye que el Estado mexicano debe respetar los derechos de todas las personas que habitan y transitan por territorio nacional en el marco de su soberanía y con el debido respeto a sus leyes internas.