El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, presentó su propuesta de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) en la que, dijo, no plantea cambios estructurales, pero sí medidas para detectar y combatir la corrupción, el nepotismo y el acoso sexual.

Esta iniciativa incluye modificaciones a siete artículos constitucionales (94, 97, 99, 100, 103, 105 y 107) que tienen que ver directamente con la impartición de la justicia y el funcionamiento del PJF.

Plantea admás la creación de una ley de carrera judicial, y reformas a las leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de Amparo, Federal de Defensoría Pública, Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a la reglamentaria del artículo 105 constitucional y al Código Federal de Procedimientos Civiles.

Por la mañana, durante la conferencia en Palacio Nacional, Zaldívar calificó a la reforma de cambio de gran calado, que garantiza la autonomía del PJF.

Emprender ahora una reforma que modifique la estructura de la Corte o del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) podría atentar contra la independencia judicial y debilitar a la institución, cuando lo que se requiere es un Poder Judicial fuerte, independiente, legitimado y prestigiado, indicó.

La firma de la iniciativa elaborada por el PJF tuvo como testigo al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que hizo suya la propuesta para presentarla ante el Senado y cumplir así con las formalidades del proceso legislativo.

Al explicar brevemente los alcances de la misma, Zaldívar comentó que se busca generar un nuevo perfil de juez, establecer una escuela que permita por primera vez una auténtica carrera judicial.

Precisó sobre el giro que se pretende dar al perfil de defensores públicos para que se constituyan en verdaderos abogados de los pobres, para lograr llevar la justicia a los lugares más apartados y marginados del país, a la gente más olvidada, discriminada, aquella que ha perdido la esperanza.

La propuesta tampoco modifica ninguno de los códigos penales que fueron reformados en 2008 para dar paso al que fue conocido como Nuevo Sistema de Justicia Penal, al que sus detractores han calificado de puerta giratoria.

Más tarde, al presentar la propuesta antes senadores, el CJF y el pleno de la SCJN, el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, afirmó que esta reforma es urgente, pues el aparato judicial ha sido pervertido por décadas, la institución del Ministerio Público ha tenido tarifas y existen jueces que terminan por convertirse en mercaderes.

Reconoció que no hay en la República entidad a salvo de la ilegalidad, y que esto ha provocado que proyectemos ante el mundo una imagen de corrupción y abandono.

Por su parte, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, afirmó que la realidad demostró que el PJF no podía resistir a los cambios y que debía prestar atención a los reclamos de la sociedad.

Afirmó que los legisladores tienen la absoluta convicción de construir una reforma que certifique la independencia del Poder Judicial, y que el respeto y la garantía plena de los derechos humanos no sean promesas vacías, sino realidades.

Se comprometió a que esta reforma será aprobada durante el primer periodo de sesiones de este año, y para ello propuso la creación de una mesa central de alto nivel, integrada por representantes del PJF, de la CJEF, y senadores.

En los aspectos jurisdiccionales, la propuesta del PJF propone crear un sistema de precedentes y cambiar el concepto de tesis, de modo que cada una de las sentencias de la SJCN sirvan para conformar jurisprudencia.

También se propone la creación de plenos regionales, que sirvan para unificar los criterios de los tribunales colegiados, y de este modo impedir que contradicciones de tesis tengan que ser resueltas por el pleno de la SCJN, que ahora solo se encargaría de resolver asuntos que impliquen temas novedosos en materia de análisis constitucional o de derechos humanos.

Las reformas incluyen sancionar la corrupción, el nepotismo y el acoso, que dejarán de ser sancionadas únicamente con medidas meramente administrativas.

De igual manera, se integrarán la equidad de género, que constituirá una política pública en aspectos como el desempate en los concursos para ocupar algún puesto dentro del PJF, así como para la designación de nombramientos.

Zaldívar terminó su discurso sosteniendo que el objetivo de estos cambios es hacer de la justicia una realidad: una reforma judicial que genere, en la realidad y no en el discurso, una diferencia en la vida diaria de las personas que sufren abuso, atropellos y discriminación todos los días. Una justicia plena y completa que les devuelva la esperanza y la confianza.