Miércoles 5 de febrero de 2020, p. 27
Chilpancingo, Gro., Pese a presiones de la Fiscalía General del Estado (FGE), ayer se entregaron a familiares los cuerpos del activista Ranferi Hernández Acevedo, dirigente de la Organización Indígena Vicente Guerrero, y de tres de sus parientes, quienes fueron asesinados e incinerados el 14 de octubre de 2017 en la carretera que comunica los municipios nahuas de Chilapa de Álvarez y Ahuacuotzingo, en la Montaña alta de Guerrero.
Diana Hernández Hernández, hija de Ranferi Hernández, informó en entrevista que luego de sortear diversas trabas, y una vez que tuvo la certeza de que los cadáveres eran los de sus padres, su abuela y su ahijado, los recibió para resguardarlos la noche del martes en el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, en esta capital, y hoy serán inhumados.
Precisó que este viernes se sepultaría a su abuela, Juana Dirsio Barrios, en Chilapa; a su madre, Lucía Hernández Dirsio, y a Hernández Acevedo en la cabecera municipal de Ahuacuotzingo, y a su ahijado, Antonio Pineda Patricio, en el poblado Nejapa, también en Ahuacuotzingo.
Hernández Hernández reprochó que en dos años no hicieron nada en la fiscalía del estado; apenas hoy intervinieron
.
Acompañaron a los parientes de Ranferi Hernández en sus diligencias ante la FGE y en el Servicio Médico Forense miembros de organizaciones sociales, entre quienes destacaron familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa y estudiantes de ese plantel.
Ranferi Hernández fue dirigente del Partido de la Revolución Democrática en Guerrero y diputado local en 1993; fundó el Movimiento Social de Izquierda, la Organización de Pueblos y Colonias del Estado de Guerrero, el Frente Amplio para la Reconstrucción del Movimiento de Liberación Nacional, así como la Unión de Organizaciones de la Sierra del Sur, integradas a la Organización Campesina de la Sierra del Sur, y apoyó la creación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores. Entre 1997 y 2001 estuvo exiliado en Francia, con el argumento de que la administración que encabezó Ángel Aguirre Rivero de 1996 a 1999 intentaba encarcelarlo.