Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dio a conocer la existencia de dos denuncias por presuntos desvíos de lavado de dinero vinculados con el financiamiento ilícito a campañas electorales.

El funcionario se reunió en privado con diputados federales de Morena, y tras el encuentro expuso que en coordinación con José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), se desarrolla una investigación sobre la llamada Operación Zafiro, con la cual fueron extraídos recursos de secretarías de educación (estatales) para efecto de financiar campañas.

Al confirmar que se han presentado dos denuncias, refirió que se trabaja para detectar si en los casos de la Estafa maestra también el dinero fue separado de forma ilícita a partir de empresas fachadas y si llegó a campañas electorales.

Sobre las investigaciones en torno a instituciones de educación superior, la Secretaría del Bienestar aportó a la UIF 105 convenios de colaboración en los que se detectaron irregularidades: Lo que estamos rastreando en este momento son las empresas, muchas de las cuales ya desaparecieron o fueron liquidadas, lo cual da un elemento para considerar que eran empresas fachadas y que fue un tema de corrupción que se vivió durante la anterior administración.

Antes, en conferencia de prensa, el funcionario reiteró que el monto de dinero congelado a organizaciones criminales como el cártel Jalisco Nueva generación, Unión Tepito y el cártel de Sinaloa asciende a 4 mil 500 millones de pesos y 52 millones de dólares.

Nieto Castillo desglosó a los diputados federales la petición –desde la UIF– para dar trámite a la reforma a la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que se ajusta a los requerimientos del Grupo de Acción Financiera Internacional –que evaluará el año próximo el trabajo gubernamental en la materia– para mostrar avances significativos en el cumplimiento técnico y obtener recalificaciones de las recomendaciones pendientes de pleno cumplimiento, a fin de lograr salir de dichos procesos y, sobre todo, tener un sistema de prevención-combate al lavado de dinero más robusto y efectivo.