l involucrar a menores –muchos ni siquiera púberes– en actividades de prevención y combate al delito en sus comunidades, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores, cuya zona de influencia se ubica en La Montaña, la región más pobre de la entidad, viola no sólo los derechos de los pequeños, sino también directrices consensuadas por los organismos internacionales que velan por la integridad física, mental y emocional de ese sector de la población del mundo.

Tienen razón en ello el gobierno del estado y la Comisión de los Derechos Humanos estatal al reprochar a los dirigentes de esa organización la decisión de entrenar a niños y niñas en tan peligrosa tarea, de lo cual están dando cuenta hoy los medios de comunicación locales y naciona-les, como lo han hecho en ocasiones anteriores, pues no es la primera vez que un grupo de autodefensa presenta a menores como reclutas de sus filas armadas.

Sin embargo, también la organización comunitaria tiene una parte de razón, porque esos niños ya han sido involucrados –debido a la grave y reiterada omisión de las autoridades respecto de ejercer el monopolio legal de la fuerza de las armas para mantener el imperio de la ley– y han sido convertidos en víctimas por criminales, que ven en ellos objetivos válidos de ataques violentos y letales.

Sería ideal que los menores de edad quedaran al margen de todo conflicto, sobre todo de los armados. Pero la realidad siempre acaba por imponerse sobre las buenas intenciones, y en todo el mundo, no sólo en México, es deplorable verlos involucrados.

No será fácil para las autoridades convencer a los pobladores de las zonas rurales del estado para que desistan de armar a los niños para colaborar en la defensa de sus pueblos ante criminales que buscan despojarlos de sus tierras. Pero están obligadas a intentarlo. No sólo por esta vez y en el mencionado territorio, sino de modo permanente y en todo el país.

Y la mejor manera de hacerlo será asumir su obligación como garantes de la paz social, del imperio de la ley y de la seguridad pública en todo el territorio nacional.

En este sentido, salta a la vista que se trata de una tarea que deben abrazar el gobierno local, pero también el federal, pues el control de las armas que entran y circulan en el país es obligación de este último. El tiempo apremia y la tarea se ve muy cuesta arriba.