Las 37 personas con discapacidad que vivieron en Casa Hogar Esperanza sufrieron diversas violaciones a sus derechos humanos que, para efectos del derecho de acceso a la información pública, deben ser calificadas como graves, resolvió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

El caso de este albergue, que se ubicaba en la colonia Popotla de la alcaldía Miguel Hidalgo y fue clausurado en 2016 por irregularidades, llegó al pleno del instituto, que esta semana instruyó a la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal (CDHDF) entregar versión pública del expediente relacionado con presuntas violaciones a las garantías individuales.

Un particular solicitó copia simple en versión pública de dicho expediente y precisó que era de su interés conocer todas aquellas actuaciones que obran en el mismo, desde el momento en que había sido trasladado a la cuarta visitaduría de la CDHDF.

Sin embargo, el organismo respondió que el expediente era reservado, ya que se encontraba en trámite. Lo anterior motivó que el solicitante se inconformara.

Violaciones graves a derechos humanos

La comisionada ponente del asunto, Josefina Román Vergara, determinó que si bien en principio es procedente la clasificación de la información, hay indicios suficientes para configurar la excepción prevista en la Ley General de Transparencia, al tratarse de violaciones graves de derechos humanos.

Dentro de los hechos que se están investigando, relacionados con Casa Hogar Esperanza, se advierten esterilizaciones forzadas que podrían implicar tortura, al realizarse presuntamente sin el consentimiento de las personas que ahí se encontraban albergadas, expuso la comisionada.

Desde 2014, en atención a las recomendaciones hechas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y como resultado de las valoraciones que hizo el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, la CDHDF acudió a verificar el estado en el que se encontraba Casa Hogar Esperanza, donde encontró diversas irregularidades, por lo que se determinó que las 37 personas ahí albergadas fueran reubicadas en instituciones de asistencia privada y asociaciones civiles.

El Inai concluyó que es posible entregar la información solicitada en versión pública, por haberse acreditado la violación grave de derechos humanos.