Solucionar el problema de delincuencia e impunidad que aqueja al país no requiere de nuevas reformas, sino de utilizar las herramientas legales que ya existen, por lo que el fiscal Alejandro Gertz no debería enfocarse en ese tema, sino en avanzar con las tareas básicas de su primer año de labores, como diseñar un plan de persecución penal, lo cual no ha ocurrido, coincidieron académicos y organizaciones de la sociedad civil.

Daniel Vázquez, profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que para reducir la criminalidad no es necesario promover reformas legislativas como las que propuso el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), sino modernizar el enfoque de la procuración de justicia.

El fiscal ha dicho que necesita construir capacidades para investigar, pero esas capacidades ya las tiene con la Ley Orgánica de 2018. El gran problema es que ideamos una fiscalía para el siglo XXI, con un derecho penal de avanzada, pero tenemos un fiscal del siglo XIX que quiere seguir investigando homicidio por homicidio, en vez de analizar redes de macrocriminalidad, señaló.

De igual forma, el académico recordó que este 18 de enero Gertz cumple un año al frente de la FGR, sin que hasta el momento haya cumplido tres de sus mandatos más importantes: diseñar un plan de persecución penal, convocar a una consulta amplia para solucionar las fallas del sistema de justicia, y hacer un proceso integral de transición de la antigua Procuraduría General de la República (PGR) a la actual fiscalía.

Reproducción de errores

Por su parte, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho coincidió en que la FGR sigue reproduciendo los mismos errores de la PGR, en gran parte debido a que Gertz ha incumplido la Ley Orgánica de la institución, al hacer designaciones fuera de la ley, carecer de un plan de persecución penal y no tener unidades especiales en temas como violencia contra mujeres.

Las prácticas que vimos en 2019 no son diferentes a las que históricamente se han llevado a cabo y nos han conducido al altísimo grado de impunidad en el país: ministerios públicos con más de 30 investigaciones penales, trabajando solos, sin reales equipos de análisis, ­recalcó.

En el mismo sentido, la organización civil Asilegal censuró la propuesta de Gertz Manero de reformar el sistema de justicia penal, pues ella significaría un retroceso en materia de derechos humanos que dejaría a la población en estado de vulnerabilidad ante los atropellos sistemáticos del aparato de justicia y las autoridades que lo componen.