El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Napoleón Gómez Urrutia, convocó a que en el próximo periodo de sesiones –que inicia el primero de febrero– se apruebe el dictamen para regular la subcontratación, a fin de evitar, como ocurrió en diciembre pasado, el despido de 60 mil trabajadores, la mayoría de ellos en el régimen de outsourcing.

Precisó que la iniciativa que presentó para reformar las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social sólo tiene como propósito poner freno a esas irregularidades, evitar la defraudación fiscal y que se paguen prestaciones sociales.

Coincidió con el presidente Andrés Manuel López Obrador en que ya se llevan a cabo acciones para impedir la práctica de facturas falsas y el abuso contra los trabajadores.

Gómez Urrutia destacó que de acuerdo con reportes de las autoridades fiscales, la evasión de empresas de outsourcing ilegal es de poco más de 500 mil millones de pesos. Explicó que en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), derivado de que alrededor de 8 millones de trabajadores se encuentran en ese sistema de contratación ilegal, las pérdidas ascienden a 50 mil millones, por lo que insistió en que es urgente controlar esa actividad.

En contraposición, el senador Damián Zepeda (PAN) señaló que el outsourcing ya se reguló en la reforma laboral de la administración pasada. Ya está prohibida la simulación, de lo que se trata es de aplicar la ley.

Insistió en que dicha práctica no es mala en sí misma; existe en el mundo porque las empresas tienen como objetivo producir, y en ocasiones requieren personal no ligado al corazón de la firma, y esa subcontratación se paga, y paga impuestos, salarios y prestaciones.

Por su parte, las titulares de las secretarías del Trabajo de la Ciudad de México y de Aguascalientes, Soledad Aragón Martínez y María del Carmen Villa Zamarripa, respectivamente, admitieron que dichas dependencias no tienen capacidad para supervisar que no se cometa el outsourcing ilegal, porque cuentan con un reducido número de inspectores frente al número de empresas que deben vigilar.

Entrevistada durante la primera sesión ordinaria de la Conferencia Nacional de Secretarios de Trabajo, realizada en Querétaro, Aragón indicó que el organismo a su cargo trabaja con 20 inspectores para supervisar 200 mil empresas, mientras Villa reconoció que no tienen la capacidad al cien por ciento para supervisar que las empresas no incurran en outsourcing ilegal.