Ciudad Juárez, Chih., Jorge Ramírez Alvídrez, magistrado de la primera sala penal del Poder Judicial de Chihuahua, enfrenta un proceso de desafuero iniciado por la Fiscalía General del Estado, que lo acusa de enriquecimiento ilícito, delito presuntamente cometido durante la administración del ex gobernador priísta César Duarte Jáquez (2010-2016).

La comisión jurisdiccional de Congreso del estado y su presidenta, la diputada panista Georgina Bujanda Ríos, admitieron la solicitud de juicio de procedencia contra el magistrado con el propósito de quitarle el fuero y juzgarlo.

Una vez notificado, Ramírez Alvídrez tendrá cinco días hábiles para presentar pruebas a su favor.

El acusado dijo ser perseguido político del gobernador panista Javier Corral Jurado por pensar diferente, e incluso solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

Bujanda Ríos informó que el 3 de enero llegó al Congreso una solicitud de declaración de procedencia por enriquecimiento ilícito en contra del magistrado Jorge Ramírez y otra para la juez Rocío Ivett González Lara, del distrito judicial Bravos (Ciudad Juárez).

Indicó que la solicitud de juicio contra González Lara no incluyó medios de prueba ni copias certificadas, por lo que será devuelta al Ministerio Público.

Una declaración de procedencia consiste en quitar el fuero a un funcionario de alto nivel, petición que sólo puede ser presentada por el Ministerio Público, en este caso por la Fiscalía General del Estado (FGE).

El siguiente paso es notificar al magistrado, y después de que éste presente pruebas en su defensa se definirá si le quitan el fuero para ser juzgado.

Ramírez Alvídrez aseguró que hay muchas calumnias en su contra e inventos en torno a la solicitud de juicio de procedencia.

Dijo que no daría declaraciones hasta ser notificado por la Legislatura; consideró muy disímbolas las supuestas motivaciones de la FGE para solicitar a la comisión jurisdiccional el juicio, por lo que no hay forma de plantear la estrategia de defensa.

Dio a conocer que el pasado 9 de diciembre solicitó a la CIDH protección para él y sus compañeros de sala. Hemos estado viendo consistentemente agresiones al trabajo que realizamos y cómo están buscando minar la confianza en nosotros, comentó.

El funcionario señalado calificó de ataque sistemático las acusaciones del gobierno del estado al trabajo de la primera sala penal.

En diciembre de 2016, al iniciarse la actual administración estatal, Ramírez fue suspendido por un presunto desvío de recursos para la construcción de una bóveda de la Ciudad Judicial, pero un mes después fue restituido por orden de tribunales federales. Desde entonces la autoridad ha investigado a su esposa, hermana, padres y colaboradores, y le han congelado dos cuentas bancarias. Asimismo, se le iniciaron decenas de procedimientos administrativos en el mismo Poder Judicial.