En unos cuantos meses, la Secretaría de Gobernación (SG) recibió la solicitud de liberación de mil 821 presuntos inocentes, quienes durante los procesos judiciales afirman haber sido injustamente tratados o sentenciados.

El común denominador de este alud, registrado a partir de mayo de 2019, es la fabricación de casos o el influyentismo ejercido para torcer la ley y hundir a un acusado.

El 98 por ciento (de los expedientes) es de grupos vulnerables (jóvenes, mujeres, personas sin recursos) y sólo 2 por ciento tiene que ver con asuntos laborales, agrarios o familiares. Ni el subsecretario (Alejandro Encinas) ni la secretaria de Gobernación (Olga Sánchez Cordero) y menos yo dimensionamos la demanda que había por justicia, explica en entrevista Paulina Téllez, responsable de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia Penal.

Esta ventanilla, abierta en el inicio del sexenio actual en la SG, es quizá única en su tipo porque su tarea no sólo es atender o llevar el expediente al lugar correcto, sino develar casos de corrupción.

Según el primer reporte de las mesas de justicia en este tramo de trabajo intensivo, la Unidad había recibido, hasta la mitad de diciembre, mil 821 casos, de los cuales mil 517 son materia estatal y 304 del ámbito federal.

En una revisión inicial se analizan 668 asuntos, atendidos con cinco abogados, aunque Téllez Martínez señala que todos y cada uno de los expedientes pasan primero por su escritorio.

Los leo todos. No se trata sólo de poner un sello de recibido, comenta a La Jornada.

Más allá de clasificar asuntos o nombrar a los liberados como presos políticos, el primer paso es el desarrollo de una plataforma digital para el seguimiento de casos y generar reportes estadísticos para la detección de casos de corrupción, se indica en el informe.

La funcionaria llegó a la SG en mayo pasado pero por varios lustros conoció, desde dentro, la operación del Poder Judicial; de los casi 2 mil legajos tiene en mente la situación de un joven acusado de un delito grave, cuya prueba incriminatoria es un video, en el lugar del crimen.

La madre del muchacho ha recorrido todas las oficinas posibles para buscar ayuda. Ahora toca a esta Unidad especial hacer todo lo que esté a su alcance para que los videos sean revisados a fondo.

Las madres se vuelven expertas, guerreras, abogadas, destaca Téllez, al revisar y hojear folders de una y otra historia.

Esta Unidad ha empezado a ser construida, literalmente, a partir de la nada. En agosto o septiembre (de 2019) ya teníamos un poco más de personal, relata, acerca de la plantilla actual de apenas 22 plazas.

Sin embargo, la nueva instancia tiene un punto a su favor: es un proyecto de la secretaria Sánchez Cordero del cual es informado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En los hechos, la recepción de casos se inició en una oficina improvisada y semanas después se mudaron a la calle General Prim esquina Bucareli, donde ha habido días que no se dan abasto.

Téllez cuenta que en una sola jornada tenía en este lugar a más de 200 personas implorando justicia, lo cual es para ella un déjà vu, porque en su trabajo en la Suprema Corte (como parte del equipo del ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia) escuchaba casos que le presentaba la sociedad civil, para que se revisaran en el Consejo de la Judicatura.

Ahora está a cargo de una instancia ideada con seis áreas, incluida reinserción social y evaluación al sistema de justicia, la citada mesas de justicia, y otra de protección a menores de edad.

“La gente lo menciona: ‘por primera vez siento que me están escuchando’ (…) son personas a la que por ese influyentismo que desafortunadamente prevalece, un ministerio público, un juez e incluso un defensor público le dijo: ‘a ti nadie te va a ayudar’”.