l gobierno de Donald Trump elogia el acuerdo logrado con los demócratas sobre el nuevo tratado comercial (T-MEC) aprobado por la Cámara de Representantes el 19 de diciembre pasado, el cual será revisado por el Senado en enero. Políticos demócratas y líderes sindicales destacan las recién negociadas medidas de aplicación de las leyes laborales, porque refuerzan lo suficiente el tratado para merecer su respaldo.

Sin embargo, una huelga de más de dos meses provocada por un magnate mexicano ha arrojado una nube sobre las nuevas disposiciones del pacto que refuerzan los derechos de los trabajadores. Señalando que la empresa negocia de mala fe, casi 2 mil trabajadores se mantienen en huelga desde principios de octubre en Asarco, subsidiaria que el conglomerado Grupo México opera en Tucson, Arizona.

La compañía ha empezado a contratar esquiroles. Esta acción desafía el requerimiento del nuevo acuerdo comercial de adherirse en la ley y en la práctica a las normas laborales de la Organización Mundial del Trabajo. El capítulo laboral del T-MEC declara que el derecho de huelga está vinculado al derecho a la libertad de asociación, que no puede realizarse sin proteger el derecho a huelga.

Esta huelga hace recordar la que ocurre en La sal de la tierra, sólo que esta vez no es contra los dueños de la mina Empire State, en Nueva Jersey, como en esa gran película de 1954, sino contra el empresario de la Ciudad de México que es dueño de minas de cobre y plantas de refinación en Arizona y Texas. En los 10 años pasados, la firma ha rehusado conceder aumentos al salario base de los empleados. Los trabajadores se fueron a huelga a mediados de octubre, provocados por lo que ven como negociación de mala fe de la empresa, con exigencias aún más ventajosas. Quiere que la mayoría de los trabajadores siga con salarios congelados, renuncie a su plan de pensiones y pague el doble de aportación a sus planes de seguro de salud.

El fabulosamente rico Germán Larrea, sólo detrás del magnate Carlos Slim en la lista de los más acaudalados de México, es dueño de Asarco y de otras firmas mineras en Sudamérica y España, junto con ferrocarriles, terminales portuarias y cadenas de cines en Estados Unidos y México. El historial de Larrea sugiere que no se puede llegar a ningún acuerdo a menos que los gobiernos de ambos países intervengan.

Una explosión en una mina de Grupo México en Coahuila enterró vivos a 65 mineros. La empresa recuperó sólo dos cuerpos y se detuvo, alegando que era demasiado caro sacar los demás. En 2014, la mina Buenavista de Grupo México derramó casi 42 millones de litros de desperdicios tóxicos en el río Sonora, esto causó rápidamente enfermedades en los pobladores y los efectos comienzan a mostrarse en enfermedades crónicas y cáncer.

Los trabajadores y las comunidades de México son quienes más han padecido las depredaciones del consorcio minero, pero la compañía de Larrea afecta también a estadunidenses. Según el Rastreador de violaciones de la organización Good Jobs First, Asarco ha acumulado casi 400 millones de dólares en multas por infracciones ambientales y 2 millones en otras relacionadas con salud y seguridad en Estados Unidos.

En julio de 2017, un camión de transporte de 320 toneladas mató a Gabriel Antonio Benítez, de 42 años, quien estaba estacionado en una camioneta pickup en una mina de cobre a cielo abierto cerca de Tucson. Según las autoridades de seguridad minera, el accidente ocurrió porque la gerencia de la mina no se aseguró de que los sitios de descarga estuvieran adecuadamente iluminados ni estableció reglas para el derecho de paso y el control del tráfico en los sitios de descarga. El caso de Benítez fue el tercer accidente fatal en Estados Unidos en 10 años, todos atribuidos a negligencia de seguridad por parte de la empresa.

Asarco objetó y retrasó el pago de multas y sanciones relativas a esas muertes y a otras violaciones en materia de seguridad y salud. Pero los recursos y demoras legales son la forma de vida de esa firma. En 2014, un árbitro le ordenó restaurar el pago de bonos a cientos de trabajadores de Arizona conforme a un convenio laboral. Dos cortes de distrito y un tribunal federal de circuito fallaron en favor de los trabajadores, pero se requirió una decisión de la Suprema Corte de Justicia, hace apenas dos meses, para obligarla al pago de más de 10 millones de dólares a los trabajadores afectados.

El historial de Germán Larrea en Asarco y sus otros negocios debe ser sometido a escrutinio ahora que el nuevo tratado comercial se dirige a una votación en el Senado planeada para este mes. El principal enfoque del acuerdo laboral se ha referido a problemas en México, puesto que tiene el propósito de elevar los salarios y permitir la formación independiente de sindicatos. Pero se trata de un acuerdo recíproco para las tres naciones, que compromete a cada una a mantener altos estándares laborales en salud y seguridad, salarios y condiciones decentes, además del derecho a huelga.

El mecanismo reforzado incluye disposiciones que hacen posible imponer aranceles o incluso detener productos en la frontera si se elaboran en contravención del capítulo laboral del T-MEC. Si no se llega a un acuerdo en la huelga de Asarco, la primera reclamación conforme al capítulo laboral del nuevo tratado podría ser buscar que se sancionen los productos elaborados en Estados Unidos por esa empresa mexicana.

El nuevo capítulo laboral es un avance significativo con respecto al antiguoTLCAN en materia de trabajo. Pero, ahora que los productos de Asarco son elaborados por esquiroles, los legisladores deben insistir en que los gobiernos de Estados Unidos y México intervengan para resolver la disputa y la contradicción de que un oligarca mexicano pisotee los derechos de trabajadores estadunidenses en abierta violación de las normas laborales establecidas en el acuerdo comercial. De otro modo, se podría considerar que el acuerdo laboral carece de dientes –la palabra favorita de los críticos del tratado original en materia de trabajo– antes incluso de que entre en vigor.

* Lance Compa fue director de investigación de la comisión laboral del TLCAN de 1995 a 1997, y de entonces a la fecha ha sido profesor de derecho internacional laboral en la Universidad Cornell.

Traducción Jorge Anaya

Se publicó originalmente en la revista norteamericana The American Prospect el 26 de diciembre de 2019.