Entre 2006 y 2018 en México han sido víctimas de desplazamiento interno forzado masivo 338 mil 405 personas, la mayoría por la violencia generada ante la presencia de grupos violentos del crimen organizado.

En su último informe, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos señala que en 2018 –las cifras más recientes– se suscitaron en el país 25 episodios de desplazamiento interno forzado masivo que afectaron a 11 mil 491 personas.

Los casos se registraron en cinco entidades: Guerrero, con 13; Sinaloa, seis; cuatro en Chiapas, tres en Michoacán y uno en Oaxaca.

Con relación al número de desplazados el año pasado, Guerrero fue la entidad que registró mayores casos, con 5 mil 56, seguida por Chiapas, con 5 mil 35; en Sinaloa hubo 860, 300 en Oaxaca y 240 de Michoacán.

El informe advierte que 20 de los 25 episodios de desplazamiento interno forzado masivo durante 2018 fueron causados por la violencia del crimen organizado. “Esto ocurrió en Guerrero, Sinaloa y Michoacán. De 11 mil 491 personas internamente desplazadas, 6 mil 156 –equivalente a 53.6 por ciento– lo hicieron ante la violencia generada por grupos armados organizados”.

El resto de los episodios, cinco, fueron causados por violencia política, conflictos de índole social y/o territorial. Estos casos se registraron en Chiapas y Oaxaca, donde 5 mil 335 personas (46.4 por ciento del total) se vieron obligadas a dejar sus comunidades.

A diferencia del año anterior, en los registros de 2018, la Comisión de Defensa y Promoción no halló casos de desplazamiento causados directamente por proyectos de desarrollo, lo que incluye actividades relacionadas con la extracción minera.

Sin embargo, al menos en uno de los 13 episodios registrados en Guerrero los testimonios de las víctimas apuntan a que grupos que los desplazaron, en particular en el municipio Leonardo Bravo, buscaban apropiarse de terrenos con potencial minero con el propósito de que pudieran activar proyectos extractivos.

Y en dos de los seis casos registrados en Sinaloa, los grupos del crimen organizado ultimaron a varias personas y desplazaron a decenas de habitantes de pueblos mineros ubicados en los municipios Concordia y Rosario.

El número de episodios de desplazamientos masivos forzados internos se mantuvo muy cerca del de años anteriores: 29 en 2016 y 26 en 2017; sin embargo, la cifra de afectados decreció considerablemente, pues en 2016 fueron 23 mil 169 desplazados y 20 mil 390 durante 2017.

Esta disminución quizás se deba a los siguiente factores: un mayor número de desplazamientos no masivos, que son más difíciles de identificar, hubo eventos que no fueron reportados por los medios, ya sea por desconocimiento, temor a represalias o por coyuntura, indica el texto de la ONG.

En los anteriores tres años, dos son las entidades con el mayor número de episodios de desplazamiento interno forzado masivo: Guerrero y Sinaloa. En 2017 y 2018 estos estados y Chiapas fueron donde más víctimas hubo, mientras en 2016 el mayor registro fue para Michoacán.