Como parte de las revisiones al ejercicio fiscal 2018, la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) detectó 41 acciones que pudieran derivar en sanciones administrativas o penales por posibles daños al erario.

Al momento el organismo continúa con el análisis del monto de lo que representa la afectación económica por supuestos malos manejos de recursos.

Uno de los resultados apunta a que las autoridades no acreditaron que los desarrolladores de los sistemas de actuación por cooperación (SAC) de la Alameda y las Granadas generaran los pagos de mitigación en especie por un monto que asciende a 656 millones de pesos.

En estas revisiones están involucradas las secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda, de Obras y Servicios. de Movilidad; así como la Planta de Asfalto, las alcaldías de Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa y Milpa Alta, y el Instituto para la Seguridad de las Construcciones.

Ayer se dio a conocer que la ASCM realiza una investigación en las áreas de Tesorería y Oficialía Mayor de lo que fue la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el manejo irregular de los recursos de la reconstrucción, lo que involucra a los ex diputados Leonel Luna, Mauricio Toledo y Jorge Romero.

Deficiencias en la administración

En octubre pasado, cuando se hizo público el último informe parcial de fiscalización de la Cuenta Pública de la Ciudad de México de 2018, se presentaron 10 denuncias, de las cuales tres son penales y siete administrativas; la mayoría están relacionadas con el tema de la reconstrucción.

Por ejemplo, el órgano auditor solicitó a la Contraloría y a la Procuraduría General de Justicia iniciar un procedimiento por irregularidades en un contrato para la reparación de la carpeta asfáltica y rencarpetamiento en la alcaldía de Benito Juárez. Según las investigaciones, la Secretaría de Obras y Servicios entregó información de un laboratorio que realizó el análisis de la mezcla asfáltica, aunque los datos que presentaron no corresponden a ese laboratorio.

Asimismo, se solicitó iniciar diversos procedimientos derivados de expedientes relacionados con la contratación de obra pública, y apoyos económicos para la reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

También destaca una solicitud de sanción a servidores públicos de la extinta Agencia de Gestión Urbana, quienes no entregaron información, respaldos ni soporte documental de la operación del Sistema Único de Información de Servicios Públicos Urbanos; así como una solicitud de sanción a funcionarios del Fideicomiso de Recuperación Crediticia por no presentar soporte documental de un contrato firmado con el Instituto de Vivienda.

Además de las denuncias, también se emitieron 531 recomendaciones relacionadas con la falta de documentación que justifique el presupuesto comprometido y devengado, incumplimiento de la normatividad interna aplicable, falta de normatividad, debilidades del control interno e incumplimiento de disposiciones legales.