En el año reciente, México, Guatemala, Honduras y El Salvador han aplicado medidas y acuerdos firmados con Estados Unidos que exponen a los migrantes a graves condiciones de inseguridad, expresaron organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales.

Más de una treintena de agrupaciones como Amnistía Internacional, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) expusieron que a la fecha alrededor de 55 mil solicitantes de asilo en Estados Unidos han sido devueltos a México para esperar sus audiencias con los Protocolos de Protección al Migrante, conocidos también como Quédate en México, sin que el gobierno mexicano les garantice acceso a derechos básicos, como se comprometió al firmar dicho acuerdo.

Sumado a lo anterior, el 9 de noviembre el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicó el reglamento que dio inicio a la aplicación de los Acuerdos de Cooperación sobre Asilo con Guatemala, Honduras y El Salvador.

Con estos instrumentos las personas declaradas inelegibles para solicitar asilo en Estados Unidos serán devueltas a los países centroamericanos caracterizados como tercer país seguro, con el propósito de limitar la posibilidad de obtener refugio en ese país. Éstas se suman a otras políticas que Estados Unidos ha asumido para bloquear el acceso al asilo en su frontera sur.

De acuerdo con informes de la organización Human Rights First (Primero los Derechos Humanos), como consecuencia de estas políticas, más de 600 personas devueltas a México han denunciado haber sido víctimas de secuestro, violación, extorsión, tortura y otros ataques violentos, perpetrados, en algunos casos, con participación de agentes del Estado mexicano.

Las organizaciones advierten que estos acuerdos han empezado a aplicarse de manera opaca, sin mínimas formalidades a escala interna y sin que los Estados inicien acciones de recepción o atención para las personas devueltas.

Ni México ni Guatemala ni Honduras ni El Salvador cuentan con las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y protección efectiva de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de esa condición. Todo lo contrario, estos países son incapaces de ofrecer garantías suficientes para proteger a su propia ciudadanía, mucho menos a las personas solicitantes de asilo devueltas de Estados Unidos, lamentaron los organismos civiles.