El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene como objetivo más importante la defensa de la soberanía nacional, dijo ayer la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, luego de que Gustavo de Hoyos, dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), hizo un llamado al mandatario a mantener una postura indeclinable en favor de tal característica del país.

Al participar en la 119 Asamblea General Ordinaria del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el empresario manifestó su respaldo al Presidente en su esfuerzo para que el congreso estadunidense ratifique el T-MEC lo más pronto posible, pero al mismo tiempo le solicitó no claudicar ante ningún chantaje o presión del gobierno de Donald Trump que implique la constitución de mecanismos que puedan perturbar la estabilidad laboral.

Sánchez Cordero resaltó que si pudiera señalar a un mexicano que tiene como objetivo más importante la defensa de la soberanía nacional ese es, por supuesto, López Obrador.

Explicó que no sólo por ser presidente, sino por convicción personal y el gran conocimiento que tiene de la historia nacional, el mandatario es un defensor de la soberanía del país, no sólo en el tema del T-MEC, sino contra cualquier intervención extranjera en otras materias, como el combate a la delincuencia.

La titular de Gobernación se comprometió a hacer llegar los planteamientos de De Hoyos al jefe del Ejecutivo federal, luego de que el empresario le pidió ser portavoz de sus inquietudes.

Ante los integrantes de la Asamblea General del Infonavit, De Hoyos pidió a López Obrador mantener una postura indeclinable en defensa de la soberanía en este tramo final del proceso de ratificación del T-MEC. Que no haya duda de que el país no debe claudicar aun en un tratado tan importante, ante ningún chantaje, ninguna presión, aunque ésta venga del círculo inmediato del Ejecutivo de Estados Unidos y que implique la constitución de mecanismos que puedan perturbar la estabilidad laboral.

La petición del dirigente de la Coparmex ocurre en medio de peticiones estadunidenses para permitir que el gobierno mexicano acepte supervisores que verifiquen el cumplimiento de la legislación laboral, y la intención de la Casa Blanca de calificar de terroristas a los cárteles.