En diversos países de América Latina y del mundo los gobiernos siguen recurriendo a la estrategia de criminalizar a los luchadores sociales al llamarlos terroristas, lo que ha justificado que muchos de ellos hayan sido detenidos y permanezcan durante años en la cárcel sin haber cometido realmente ningún delito, lo que los convierte en presos políticos.

Así lo advirtieron los participantes en el tercer Encuentro de la Coordinadora Internacional de Solidaridad y por la Libertad de los Presos Políticos Revolucionarios del Mundo, quienes ayer ofrecieron una conferencia de prensa para destacar las conclusiones del foro, realizado los días 2 y 3 de este mes en la Ciudad de México.

El activista peruano Percy Mendoza, presidente de la Coordinadora Internacional, señaló que los gobiernos suelen utilizar el derecho penal del enemigo para acusar a los luchadores sociales de terrorismo y otros cargos graves para desprestigiar tanto sus luchas como a ellos en lo personal, y de esa manera encarcelarlos y provocarles una especie de muerte civil.

Arturo Campos, líder de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, afirmó que a pesar de la estigmatización de la lucha de ese colectivo en Guerrero, sus miembros han logrado demostrar que no son terroristas. De igual forma, expresó su condena por el asesinato del dirigente social Arnulfo Cerón Soriano.

Armando Pérez Vázquez, estudiante de la Escuela Normal Rural de Mactumactzá, en Chiapas, indicó que en esa entidad se vive un proceso acelerado de militarización de la seguridad pública, sobre todo a través de la Guardia Nacional, para sofocar las actividades de organizaciones populares.