En comisiones, con el voto en favor de Morena y aliados, el Senado aprobó ayer reformas a las leyes Federal del Trabajo (LFT) y del Seguro Social (LSS), impulsadas por Napoleón Gómez Urrutia, que regulan la subcontratación, práctica conocida como outsourcing, con el fin de proteger los derechos de los trabajadores y acabar con la evasión fiscal y la defraudación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Sin embargo, el dictamen no se discutirá en el pleno durante este periodo de sesiones, debido a que ayer mismo la Junta de Coordinación Política, encabezada por Ricardo Monreal, solicitó a la mesa directiva que, por el momento, se pospusiera el debate con el fin de analizar el documento en parlamento abierto.

Ello, debido a que se requiere más discusión y la participación de todos los sectores involucrados antes de ser votada en el pleno, resaltó Monreal en oficio dirigido a la presidenta de la mesa directiva del Senado, Mónica Fernández.

Por la mañana, en la reunión de las comisiones de Trabajo y de Estudios Legislativos, los senadores de Morena, PT, PES y PVEM aprobaron por unanimidad la reforma –no asistieron PRI, PAN, PRD ni MC–, que Gómez Urrutia consideró un gran avance.

Por medio del outsourcing las empresas evaden aproximadamente mil millones de pesos al fisco y a las instituciones de seguridad social, además de que se niega el pago de utilidades a los trabajadores, resaltó.

El senador Germán Martínez señaló que las cifras del IMSS dan fe de que la principal corrupción en ese organismo se da por medio de la subcontratación y la fuga de cuotas obrero-patronales, lo que representa una sangría para el instituto.

Martí Batres (Morena) rechazó que la iniciativa sea obstáculo para la ratificación del T-MEC, porque los más interesados en que mejoren las condiciones laborales en México son nuestros socios comerciales. Sostuvo que el país está en una etapa de reconstrucción de los derechos de los trabajadores.

Los tres senadores se refirieron a la resistencia de los organismos del sector privado. Nadie de los empresarios que tienen intereses acumulados y que se han dedicado a explotar las finanzas públicas, a la clase trabajadora y las instituciones de seguridad social, quiere hacer a un lado sus intereses ni sus privilegios.

No obstante, unas dos horas después de que la reforma se aprobó en comisiones, la Junta de Coordinación Política la frenó.

Las principales resistencias de los patrones están en la penalización del delito de evasión, que incluye la aplicación de la figura extinción de dominio a los bienes de los infractores y la obligación de que se pague lo evadido. Se establece un plazo de seis meses, a partir de la promulgación de la reforma, para que los empresarios cubran en forma espontánea el monto de las utilidades no pagadas y las contribuciones al IMSS y Hacienda, omitidas. En ese periodo el Ministerio Público no judicializará asunto alguno.