Chilpancingo, Gro., Indígenas nahuas integrantes de la Policía Ciudadana y Popular (PCP) y del Consejo de Gobierno Seguridad y Justicia (CGSJ) exigieron ayer en la comunidad Temalacatzingo, municipio de Olinalá, en la región de la Montaña alta, que el gobierno federal aclare los asesinatos de los dirigentes Arnulfo Cerón Soriano (en noviembre pasado) y Antonio Díaz Vivar (en junio de 2015).

Ayer, en el séptimo aniversario de la creación de la PCP, que opera en unos 30 poblados nahuas, recordaron que el Estado mexicano tiene la responsabilidad de promover acciones para prevenir y combatir estos hechos de violencia, que atentan contra la vida y la integridad emocional y espiritual de las víctimas, y deben acercarse a los ciudadanos no sólo para recibir quejas o dar un apoyo económico para sobrevivir.

Afirmaron que los conflictos sociales en Bolivia, Chile y Colombia son “una clara muestra de la lucha por el poder para apropiarse no sólo de los recursos naturales, sino también para imponer una forma de gobierno basada en la violencia, la discriminación y el terrorismo. Lo que pasa en Bolivia y en otras partes de América Latina y el mundo es inaceptable, es un atentado a los derechos humanos. Como CGSJ-PCP, repudiamos estas acciones.

El organismo recordó que la PCP surgió por la necesidad de salvaguardar la tierra, la vida, y la seguridad de las personas que habitamos en este espacio, pues el Estado mexicano “desatendió su obligación constitucional y falló a nuestras comunidades en brindar seguridad, como lo estipula el artículo segundo de la Ley General de Seguridad Pública.

El crimen y la violencia organizada ya habían rebasado a las instituciones gubernamentales. Ante esto nosotros no podíamos mantenernos al margen. La respuesta inmediata de los pueblos indígenas nauatlajtoli (que hablan náhuatl) fue la creación de la Policía Ciudadana y Popular y del Consejo de Gobierno Seguridad y Justicia, explicaron.

Agregaron que la PCP y el CGSJ buscan prevenir la violencia y el delito mediante la aplicación de las tres erres: retención, reeducación y reintegración social, que es un sistema que continúa vigente porque hemos visto que funciona y da resultados.