Como parte de las nuevas investigaciones que se realizan en torno a la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) indaga tanto a elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad como a agentes de la fiscalía de Guerrero que se desempeñaban como coordinadores o mandos intermedios y que pudieron haber protegido a integrantes del cártel Guerreros Unidos, quienes agredieron y privaron de la libertad a los estudiantes en septiembre de 2014, indicaron funcionarios que participan en las pesquisas.

Estas indagatorias se han realizado luego de la comparecencia del ex gobernador Ángel Aguirre y el ex fiscal del estado Iñaki Blanco –en octubre pasado–, cuando voluntariamente acudieron a un citatorio del agente del Ministerio Público Federal (MPF) que se encarga de la investigación, de la que está a cargo el fiscal Omar Gómez Trejo.

En estos meses, el MPF ha buscado nuevas evidencias que aporten elementos para establecer el paradero de los 43 normalistas agredidos y privados de su libertad por policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, así como por miembros de Guerreros Unidos.

Funcionarios de la FGR señalaron que entre las diligencias que se realizan de manera paralela han comparecido algunos servidores o ex servidores públicos que pudieron tener contacto o evidencia de la relación de autoridades locales o federales con miembros del crimen organizado que operan en Guerrero, concretamente en los municipios antes mencionados.