n un escenario económico de previsible ruta hacia una recesión técnica, con descontrolados conflictos en su partido (Morena) y una obcecada búsqueda opositora de puntos débiles de su gobierno que sean políticamente explotables, Andrés Manuel López Obrador tiene frente a sí, ya a punto de cumplir un año formal como Presidente de la República, un reto verdaderamente emponzoñado, pues la crisis derivada de la liberación y captura de uno de los hijos de El Chapo Guzmán, potenciada por el asesinato de niños y mujeres de una comunidad mormona de Chihuahua, ha devenido en el riesgo de que Estados Unidos utilice a los salvajes cárteles mexicanos como coartada para el amago o el cumplimiento de avanzadas militares gringas contra los narcotraficantes sureños catalogados oportunamente como grupos terroristas.

La clasificación no es ocurrencia o liviandad. A la Casa Blanca y al Pentágono les cae de perlas la propuesta de familias mormonas (entre ellas, la de los LeBarón) de que se tipifique como amenaza a la seguridad nacional estadunidense la operación de los mencionados cárteles. Ello daría el pretexto para intentar acciones unilaterales (difícilmente, casi imposible que fueran por acuerdo con el obradorismo) como las que Washington realiza en diversas partes del mundo, siempre mediante la invocación de los valores de la América libre que se siente con derecho a intervenir donde le place y donde sus intereses están en riesgo o, lo contrario, están en vías de obtener grandes ganancias.

La protesta de los LeBarón, luego de una tragedia sin atenuantes, ha generado también la reactivación del poeta Javier Sicilia, activista luego del asesinato de su hijo Juan Francisco, junto a seis personas más, en marzo de 2011 en Cuernavaca, que luego había entrado en receso. Ahora planea una caravana de la capital de Morelos a la del país, tal vez en enero, a la que se sumarían varios activistas como Julián LeBarón, personaje ligado años atrás a las prácticas doctrinales de una organización representada en México por Emiliano Salinas Occelli, cuyos principales líderes han sido encarcelados en Estados Unidos.

Tal como era absolutamente previsible, hubo actos agresivos en el contexto de la marcha femenina de ayer. En especial, grupos de encapuchadas realizaron pintas y destrozos que, a la hora de cerrar la presente columna, habían ganado la atención mediática, por encima del tema en sí de esas manifestaciones, que fue el de erradicar la violencia contra las mujeres.

Con oportunidad política, en días y horas previas a la protesta que se preveía ríspida, diversos políticos ofrendaron a los medios de comunicación discursos, planes, alertas de género y otras fórmulas de fallida disuasión, que desde la institucionalidad pretendían mostrar al respetable público que las encendidas demandas de las mujeres han sido atendidas y que no tendría motivo el desahogo violento.

Sin embargo, en franjas radicalizadas, pero también en otras que lo son menos, se ha asentado la convicción de que el grave problema de agresiones contra las mujeres requiere acciones públicas de calado relativamente parecido. Ante la sordera y la parálisis institucional entra en juego una suerte de reivindicación desesperada de los actos llamativos, violentos: si sólo de esa manera han de ser escuchadas las mujeres y sus demandas atendidas, entonces el empuje de protesta sería válido, conforme a esos razonamientos. Capítulo aparte, desde luego, tendrían los clásicos grupos de provocación o de orientación política poco clara.

Y, mientras fueron liberados (previo pago de rescate) el actor mexicano Alejandro Sandí y el empresario francés Frederic Michel, luego de haber sido secuestrados (viajaban por separado en sus camionetas) en el Nevado de Toluca, ¡hasta mañana, con el Instituto Nacional Electoral en plena faena de reacomodos presupuestales contra su voluntad!

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