Estigmatizados por la Presidencia de la República como reductos de la burocracia dorada, con elevadas percepciones y sin esquemas de austeridad, algunos organismos autónomos enfrentarán 2020 con las condiciones más difíciles que hayan tenido. Desde que se transformó en Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Protección de Datos Personales (Inai) en 2015, el próximo año será el que menos presupuesto reciba en su corta historia.

Atrás quedaron los años de crecimiento consistente en sus partidas anuales que le destinó el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando las reformas constitucionales y legales lo dotaron de autonomía y le incrementaron de manera sustancial sus recursos en comparación con su época como instituto federal.

En la pasada administración, con el argumento de las nuevas facultades que asumiría en su transición por las reformas en materia de transparencia y posteriormente de protección de datos personales, ese organismo pasó de ejercer 518.9 millones de pesos en 2013 a mil 98 millones de pesos en el 2018, casi el doble de recursos, lo que favoreció un aumento sustancial en su plantilla de personal.

Arropado desde la Presidencia en ese periodo, hoy el Inai está convertido en el estereotipo de la ineficacia institucional: con percepciones superiores a los 250 mil pesos, nunca vieron nada de corrupción, se le ha cuestionado desde Palacio Nacional, imputándoles además obstaculizar la apertura informativa de las condonaciones fiscales a grandes contribuyentes.

Entre 2018 y 2019, el Inai redujo su presupuesto de mil 98 millones de pesos a 900 millones, y para 2020 aún más, para ubicarse en 877 millones de pesos, por abajo, incluso, de su primer año como tal, cuando gastó 893 millones.

IFT recibirá 10 por ciento menos de lo solicitado

Aunque sin los señalamientos que se han imputado al Inai, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha resentido también los ajustes presupuestales en este sexenio. Creado en junio de 2013, en su primer año de operaciones (2014), al IFT se le asignaron 2 mil millones de pesos de presupuesto, partida que se mantuvo estable –incluso sin los ajustes inflacionarios–, hasta 2018 con mil 998 millones.

Con la nueva administración, el presupuesto del organismo se redujo 25 por ciento para el actual ejercicio fiscal, cuando se le asignaron mil 500 millones de pesos. Aunque formalmente se le disminuyó 10 por ciento respecto de su propuesta presupuestal para 2020 –solicitaron mil 730 millones de pesos–, en realidad en 2020 tendrán un incremento marginal, incluso por debajo de la inflación, de 2.7 por ciento, pues erogarán mil 541 millones de pesos.

Aunque proporcionalemente no es el más afectado, con el actual gobierno el Instituto Nacional Electoral ha resentido la reducción acumulada de 2 mil 21 millones de pesos para los ejercicios presupuestales 2019 y 2020, con respecto a sus propuestas de prerrogativas que ha enviado. Para 2019 el INE argumentó como inviable el recorte por las seis elecciones locales que organizó, amagando incluso con la posibilidad de no enterar los impuestos, lo cual no sucedió.

En 2020, inicia formalmente el proceso electoral para los comicios intermedios de 2021, a pesar de lo cual se aprobó el recorte presupuestal más grande de su historia. En contrapartida, el INE se ha negado a que los ajustes impacten sus salarios o prestaciones que ya desaparecieron en el gobierno federal, como los gastos médicos mayores o el fondo de retiro individualizado que gozan solamente una elite de funcionarios del organismos.