El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el derecho de las mujeres a vivir sin violencia, pues muchas han visto trastocada su vida por la violencia del crimen organizado, otras han emprendido la búsqueda de sus seres queridos o atraviesan procesos judiciales en busca de justicia o la reparación del daño, afirmó el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez.

Una vida sin violencia es un derecho humano universal, por lo que expresó su compromiso de hacer de este tema una prioridad, que refuerza la urgencia de visualizar en todas sus dimensiones el problema, para enfrentarlo por todos los medios y erradicarlo.

Hoy existe la urgencia de que instituciones y el gobierno articulen la labor de promover una reforma cultural para que se logre percibir a las mujeres como iguales, afirmó en la víspera de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En la Sala de Presidentes María Lavalle Urbina del órgano judicial capitalino, la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Luna Ramos, señaló que en el país 2.3 millones de personas realizan trabajos domésticos, de las cuales 9 de cada 10 son mujeres.

Los derechos laborales que les asisten sin embargo son invisibles, al no estar establecidos en la Ley Federal del Trabajo; mientras, continúa el despido injustificado en contra de las mujeres embarazadas, denunció la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Margarita Darlene Rojas Olvera.

El año pasado se tuvieron 548 demandas y a noviembre de este año suman 69; y de un total de 169 laudos emitidos en estos dos años, 70 por ciento fueron condenatorios para el patrón, 20 por ciento mixtos, y sólo en 10 por ciento no hubo condena, al no acreditarse la ingravidez, precisó.