A un mes del fallido operativo para detener a Ovidio Guzmán López en Culiacán, Sinaloa, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Justicia Militar mantienen bajo investigación a todo el personal de la Novena Zona Militar, así como a integrantes de la División Antidrogas que pasaron de la Policía Federal (PF) a la Guardia Nacional (GN) que pretendían ejecutar la orden de detención provisional con fines de extradición en contra del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, lo que generó una ola de violencia que se extendió por más de ocho horas a diversas zonas de la capital sinaloense, señalaron autoridades federales.

Los funcionarios consultados señalaron que además de la narrativa elaborada por los integrantes del gabinete de seguridad por los hechos del 17 de octubre, que derivaron en tiroteos y enfrentamientos entre integrantes de las fuerzas armadas, se analiza la participación de mandos de la GN en las acciones, ya que presuntamente quienes encabezaron el operativo fueron miembros de la División Antidrogas, en coordinación con personal castrense, y para ello se utilizó la información de inteligencia que durante casi seis meses acumularon las fuerzas armadas y no quienes integraron la PF, hoy transferidos a la GN.

Ningún elemento detenido

Asimismo, indicaron las fuentes consultadas, la investigación que lleva a cabo la FGR incluye el análisis de los uniformes que emplearon los elementos que llevaron a cabo la detención provisional de Ovidio Guzmán, ya que –a decir de los entrevistados– esas prendas no corresponden a las utilizadas por los miembros de fuerzas especiales del Ejército. Asimismo, precisaron, se rompieron los protocolos de actuación al no inhabilitar al resto de los ocupantes de la casa, entre ellos una mujer que aparece durante el operativo en el fraccionamiento Tres Ríos.

Hasta el momento no hay ningún elemento policial o militar detenido, pero en el caso de los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se analiza la violación a los códigos que rigen la vida castrense, por lo que podrían sancionar a quienes no advirtieron a los altos mandos que la operación se había puesto en marcha, mencionaron las autoridades entrevistadas.