Mexicali, BC., El gobierno de Baja California presentó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) una denuncia en contra del ex gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid por los delitos de cohecho, fraude, abuso de autoridad, colusión de servidores públicos, falsificación de documentos, administración fraudulenta, negociaciones ilícitas y peculado, que habrían causado un quebranto patrimonial de mil 200 millones de pesos.

En estas operaciones se relaciona a 91 empresas fachada ubicadas en la Ciudad de México, las cuales expidieron facturas falsas y que, de acuerdo con la fiscalización realizada por la administración de Jaime Bonilla Valdez, algunas se constituyeron el mismo día en que recibieron el pago; otras registraron domicilios abandonados o que no corresponden a su razón social, o carecen de Registro Federal de Contribuyentes; algunas ni siquiera se han localizado.

Vega de Lamadrid obtuvo de la banca comercial un crédito de corto plazo para cubrir pagos a estas 91 empresas fantasma, ente ellas Servicios Administrativos Match, Bufete de Consultoría y Asesoramiento, Constructoría, Edificaciones, Supercomercializadora y MVR Constructoras, las cuales coinciden en depósitos de 800 mil pesos realizados el 23 de marzo de 2019 en Banco Santander por supuestos servicios prestados al gobierno.

La denuncia contra el panista incluye a quienes fueron sus secretarios de Planeación y Finanzas, Antonio Valladolid y Bladimiro Hernández Díaz; a la ex oficial Loreto Quintero –actual diputada local del Partido Acción Nacional–; a Enrique Remigio Salcido, ex director de Administración, y a Rutilio Pérez Flores, ex director de Adquisiciones.

Vega de Lamadrid señaló que analiza la denuncia para contestarla y aseguró que está dispuesto a esclarecer los hechos porque sus actos de gobierno fueron transparentes y apegados a la legalidad.

El secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano presentó la denuncia en la Unidad de Delitos Patrimoniales del Centro de Justicia Alternativa. Según su acusación, algunos documentos fueron firmados por órdenes superiores e incluyeron solicitudes para adquirir préstamos de corto plazo que fueron usados para pagar asesorías.

Por otra parte, el gobierno de Baja California anuló las patentes de cinco notarías que otorgó Vega el 18 de octubre, 13 días antes de que concluyera su administración.

Dos corresponden a Mexicali: la número 18, adjudicada a José Ricardo Padilla Ibarra, hijo de la procuradora de Justicia del gobierno de Kiko Vega, y la 19, que se entregó a Javier Mayoral Murillo, director de Registro Civil del estado de la administración panista. Ambas fueron otorgadas el 18 de octubre de 2019.

Las otras tres se encuentran en Tijuana: la número 25, otorgada a Viviana Rubio Padilla; la 26, a Rafael Angulo Cebreros, y la 27, a Javier López López, vinculado en sociedad con Víctor Lujano, subsecretario jurídico de Vega.