urante la campaña más reciente por la Presidencia, la vía de solución a la violencia parecía estar muy clara para el candidato que hoy es Presidente: había que legalizar las drogas para que dejaran de ser el fruto prohibido que produce márgenes de utilidad de tal magnitud que incitan a cualquiera, aun a costa de su vida, a meterse a un negocio peligroso, ilegal y competido. Había que arrebatar al crimen organizado a los jóvenes pobres y marginados, para que no siguieran siendo reclutados como sicarios desechables; había que depurar las aduanas para que, ahora sí cumplieran su función de impedir el paso de las armas ilegales a territorio nacional, que fortalecen a las bandas delincuenciales; había que abrir centros de educación a lo largo y ancho del país para que los jóvenes tuvieran perspectivas; había que dignificar la vida en las comunidades marginadas, sobre todo de las ciudades, donde crecen la desesperanza y el abandono.

Todo estaba muy claro. Pero ya casi transcurre el primero de los seis años del nuevo gobierno, y aún no se ve claro el avance. De hecho, recién el Presidente pidió un año más para empezar a dar resultados en seguridad pública.

Todo estaba muy claro hace un año, pero hoy todo se ha complicado; el recurso no alcanza para todo. Las armas siguen pasando la frontera, a pesar de que, se supone, las aduanas ya han sido limpiadas de corrupción. Hay 21 mil efectivos de la Guardia Nacional, o militares, apostados en la frontera norte, pero no para impedir que las drogas pasen a Estados Unidos o que las armas del país vecino pasen al nuestro, sino para impedir que los migrantes que no fueron detenidos en la frontera sur lleguen al otro lado, como exigió en su momento el presidente Trump.

Aquella propuesta fue retomada el miércoles pasado por el ex gobernador Rogelio Ortega Martínez frente al Grupo Aca: para pacificar el país es necesario recomponer el pacto que el crimen organizado tenía con el gobierno antes de que el entonces presidente Calderón decidiera echarle al Ejército encima sin más objetivo que el someterlo, objetivo que –está muy claro ahora– no se logró.

El pacto debe ser retomado, pero ahora con todos los elementos que el actual Presidente ofreció en campaña, y podría resumirse en apego total a las nuevas leyes y a las nuevas circunstancias. Y si no hay aceptación de la otra parte –sólo si no hay–, entonces que el Estado haga uso legítimo de su monopolio legal sobre la violencia.