s injustificable que en México se practiquen anualmente entre 750 mil y un millón de abortos clandestinos cada año.

Es inadmisible que la mayoría de esos abortos se realice en condiciones insalubres que originan infecciones y hemorragias que pueden llevar –y de hecho lo hacen– a miles de mujeres a la muerte.

Es incomprensible que, cada día, 32 niñas mexicanas sean madres debido a violaciones que quedan impunes.

Es inexcusable que, en pleno siglo XXI, el aborto inseguro sea la cuarta causa de mortalidad materna en la nación.

Estos son sólo algunos datos que desnudan una ominosa realidad y el tamaño del problema en el México moderno. Es una situación que se caracteriza por fuertes tensiones en el avance hacia sociedades más justas e igualitarias, debido al embate constante de los sectores más conservadores, de grupos denominados como antiderechos, apoyados y promovidos, muchas veces, por grandes poderes económicos.

En contraste con estos datos inaceptables, las cifras oficiales más recientes muestran que la suspensión legal del embarazo con información correcta y facilidades sanitarias, abate fatalidades.

A partir de la despenalización del aborto en 2007 en la Ciudad de México y hasta abril de 2018, no se ha registrado un solo deceso vinculado con los casi 210 mil procedimientos llevados a cabo en instituciones públicas. En Uruguay, por ejemplo, desde la despenalización en 2012, se han conseguido erradicar las muertes relacionadas con estos procedimientos.

De hecho, esto permitió acabar con el mito de que despenalizar el aborto aumentaría el número de ellos, pues desde 2014 han disminuido 16 por ciento en la capital mexicana.

La semana pasada tuve la oportunidad de asistir al inicio del 26 Coloquio Internacional de Estudios de Género, La Marea Verde, la lucha por la despenalización del aborto en América Latina, efectuado en la UNAM y organizado por instituciones de educación superior y grupos de expertas en la materia, provenientes de diferentes naciones de la región.

En este contexto, se precisó que el aborto se criminaliza actualmente en 18 entidades de la República. Entre 2015 y 2018 fueron abiertas 2 mil 500 carpetas de averiguaciones previas contra mujeres y se estima que hay entre 200 y 700 encarceladas por el hecho de abortar. Se trata mayoritariamente de mujeres pobres, indígenas, trabajadoras.

Pareciera difícil de entender –y aún menos justificar– que con tantos delitos graves que perseguir en un país como México, se siga criminalizando lo que en muchas naciones ha sido reconocido como derecho fundamental de la mujer.

Ya en 2018, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo una serie de observaciones al Estado mexicano para que atienda desafíos urgentes como el acceso a la interrupción segura del embarazo, la mortalidad materna, la violencia sexual y el embarazo en adolescentes, entre otras condiciones que debieran ser inaceptables en estos tiempos.

Esto llama con urgencia a armonizar leyes y protocolos federales y estatales en la materia, que se ofrezca una capacitación adecuada para brindar una atención especializada a las víctimas de violencia sexual y que se les permita la anticoncepción de emergencia y el aborto.

Se hace indispensable, además, impulsar acciones adicionales: otro tipo de protocolos que contemplen la objeción de conciencia del personal de salubridad, en tanto no se ponga en riesgo la salud de las mujeres ni se les impida interrumpir su embarazo de manera segura.

La emancipación de la mujer latinoamericana ha sido gradual y se ha alcanzado muy parcialmente a través de la vida cotidiana, en el día a día. En la toma de las calles, en la organización, en el planteamiento de objetivos y en la educación de las nuevas generaciones. Sin duda hace falta un cambio radical que incorpore diversas acciones afirmativas hacia la mujer y que eduquen a nuestros pueblos.

Un régimen nuevo, que se dice progresista y diferente, no puede seguir evadiendo este tema –tal vez el más controvertido en una nación como la nuestra– pese a los costos políticos que pueda acarrearle con el conservadurismo.

Es preciso, impostergable diría yo, impartir una educación sexual más integral y, como se dijo durante los trabajos del coloquio, tomar decisiones basadas en la ciencia y no en las creencias.