Mexicali, BC. La administración encabezada por Francisco Vega de Lamadrid llegó a su fin este jueves –junto con 30 años de gobiernos panistas en Baja California– con una deuda pública de 22 mil 300 millones de pesos y adeudos por 4 mil 500 millones de pesos con el sector educativo, el Poder Judicial, la burocracia y los ayuntamientos.

Además, deja pendiente el pago durante 25 años, con cargo al impuesto local al producto del trabajo, de 70 mil millones de pesos a empresas que construirán desaladoras de agua de mar para abastecer a Tijuana y San Quintín, y el pago de 300 millones de pesos anuales durante 17 años por el segundo piso de la vía a Playas de Tijuana, proyecto desarrollado con el esquema de asociaciones público-privadas.

En el primer minuto de noviembre el morenista Jaime Bonilla Valdez asumirá la gubernatura. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá si su mandato será de dos años, lapso para el cual fue electo en junio pasado, o de cinco, ampliación que avaló la anterior legislatura estatal (2016-2019).

Vega dijo irse millonario de satisfacciones cuando se le preguntó sobre su patrimonio personal. En 30 años pasó de ser propietario de dos casas de empeño en Tijuana a inversionista de desarrollos turísticos y propietario de mansiones desde La Paz, Baja California Sur, hasta Tijuana y San Diego, California.

El sector educativo y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali) fueron los más golpeados en la gestión de Kiko Vega. Nunca estuvo al corriente en el pago a maestros en activo, interinos y jubilados, a tal grado que este año hubo una crisis que duró varios meses por adeudos de más de 2 mil millones de pesos.

Hay un rezago con 900 docentes jubilados, a quienes se comprometió a pagar, para lo que firmó un convenio con la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero lo incumplió en 2018 y 2019. Asimismo, perdió 700 demandas de jubilación de maestros y está pendiente su finiquito.

A los maestros estatales les debe 100 millones de pesos en retenciones y 40 millones a interinos, así como 50 millones de pesos a los maestros interinos federalizados.

Vega de Lamadrid concluye su mandato con un rezago de 35 millones de pesos con el Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Baja California por el fondo de retiro, el mutualista de defunción, cuotas sindicales y promociones económicas.

Al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado le debe 900 millones de pesos, y desde hace cuatro años el gobierno estatal no ha reportado el impuesto sobre la renta ni cuotas al Issstecali de 2 mil profesores y administrativos.

A la Universidad Autónoma de Baja California le adeuda mil 708 millones de pesos. Asimismo, dejó un pasivo de 600 millones de pesos en salarios a burócratas activos y jubilados, así como por primas de vacaciones.

Ante la urgencia de recursos en el último trimestre de 2018, el Issstecali pidió un crédito de 600 millones de pesos cuyo intermediario fue el Sindicato de Burócratas, que avaló la triangulación del financiamiento por la baja calificación crediticia estatal. Sólo se han pagado 198 millones de pesos de este pasivo.

El panista también enfrenta rezagos con el Poder Judicial por 200 millones de pesos, y con los ayuntamientos por más de 500 millones.

Los gobiernos morenistas de Mexicali y Tijuana, que comenzaron el pasado primero de octubre, informaron que la Secretaría de Planeación y Finanzas estatal no les entregó sus participaciones federales, que entre los dos ayuntamientos suman más de 475 millones de pesos. A Ensenada, Rosarito y Tecate les debe entre 9 y 15 millones de pesos a cada uno.

En 1989, al final del último gobierno estatal del Partido Revolucionario Institucional, Baja California no tenía pasivos con instituciones bancarias.

En los sexenios de los panistas Eugenio Elorduy (2001-2007) y José Guadalupe Osuna (2007-2013), la deuda pública directa pasó de mil 703 millones de pesos en 2001 a 2 mil 58 millones 561 mil pesos en 2007, y se incrementó a 7 mil 265 millones 460 mil pesos en 2013.

Vega la llevó a casi al doble, 12 mil 526 millones de pesos. Pero el valor real de la deuda histórica de Baja California es de 26 mil millones de pesos, si se consideran los intereses y costo financiero.

La deuda estatal está contratada a 18 años, hasta 2017, y en 2032 cuando se deberá cubrir la mayor cantidad, 2 mil 300 millones.

Para Francisco Vega, el problema financiero de su gobierno se generó en 2017. Según dijo, el presidente priísta Enrique Peña Nieto no le entregó recursos extraordinarios conocidos como irreductibles, lo que llevó a su administración a tener un faltante de 4 mil 217 millones de pesos. Aseguró que este boquete se incrementó a 9 mil millones durante la administración del morenista Andrés Manuel López Obrador.