Organizaciones en favor de la legalización de la mariguana realizaron diversas actividades para pedir al Senado que se tome el tiempo necesario para legislar de manera adecuada sobre la despenalización de la yerba, y que escuche sus demandas.

Integrantes de la Federación de Organizaciones Mariguana Liberación se manifestaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en demanda de que se anule el proceso para la declaratoria general de inconstitucionalidad que llevaría a la despenalización del consumo lúdico de la cannabis.

Alfonso Jesús García Pérez, asesor jurídico de este colectivo, afirmó que dicha declaratoria está basada en una jurisprudencia deficiente, surgida de amparos que impugnaban sólo cinco artículos de la Ley General de Salud que, dijo, no tienen que ver directamente sobre la cannabis.

Por ello solicitaron a la SCJN que modifique el plazo para la declaratoria de inconstitucionalidad, el cual vence este jueves, y que convoque a un conversatorio público sobre el tema de donde, basados en argumentos científicos, pueda surgir una propuesta adecuada para el uso lúdico de la mariguana.

Durante su manifestación, que duró más de tres horas, esta organización instaló frente a la Corte varios puestos donde se vendía la yerba, y se dieron pláticas sobre los aspectos legales de su producción y uso.

Por separado, integrantes de la Asociación Mexicana sobre el Estudio de la Cannabis, del Instituto Mexicano del Cannabis y el Club Cannábico Xochipilli realizan un plantón permanente hasta el próximo jueves afuera del recinto senatorial.

Ahí, Leopoldo Rivera, uno de los manifestantes, exigió que se incluyan los derechos de los usuarios en la iniciativa que se discute. Es importante que la demanda de alrededor de siete millones de mexicanos que ha consumido cannabis se escuche; no se puede discriminar a una minoría en nuestra sociedad.

Además pidió que los senadores modifiquen el código penal para poner fin a detenciones arbitrarias, abuso de autoridad y extorsiones policiacas relacionadas con el uso de la yerba. Los colectivos rechazaron por completo los límites propuestos en el predictamen, ya que vulneran sus derechos a participar en actividades lícitas de la planta y de asociarse libremente.

La alcaldesa de Acapulco, Adela Román, apoyó la propuesta de garantizar el derecho a poseer la planta, que el cultivo sea de manera asociada y que en la producción se extiendan permisos a empresas mexicanas.

Tenemos que ver sin falsos prejuicios el consumo de algunas drogas si queremos que cese la violencia. En lugar de criminalizar hay que dar opciones a los campesinos, y esa es una tarea que tenemos que impulsar todos, de manera especial mi estado, que es de los más pobres, indicó.