Ante la advertencia de que serían desalojados por policías y militares que ya se encontraban en las inmediaciones de la mina de oro y plata Peñasquito, el enclave a cielo abierto más grande de América Latina, ejidatarios y transportistas de San Juan de Cedros liberaron los accesos al yacimiento, ubicado en el valle del semidesierto de Mazapil, en el norte de Zacatecas.

Los campesinos de Mazapil se retiraron el domingo, luego de que el sábado el gobernador priísta Alejandro Tello Cristerna les advirtió en conferencia de prensa que los gobiernos local y federal movilizaron a más de 100 policías estatales y a miembros de la Guardia Nacional para desalojarlos, y que de seguir bloqueados los accesos a Peñasquito, los directivos de las trasnacionales Newmont y Goldcorp anunciarían este lunes en la Bolsa Mexicana de Valores el cierre de la minera.

Representantes de los más de 700 ejidatarios y transportistas de la comunidad de San Juan de Cedros (cuyos integrantes han bloqueado Peñasquito en tres ocasiones este año con demandas de beneficio comunitario y empleo) aseguraron ayer que aceptaron concluir su manifestación de manera voluntaria y que están listos para participar el 4 de noviembre en una mesa de negociaciones en la Secretaría de Gobernación federal.

Encabezados por Felipe Pinedo, José García, Adela Morquecho y Lauro Vázquez, ejidatarios y transportistas afirmaron en entrevista colectiva que al levantar el bloqueo a la mina ponen la voluntad en la mesa para construir la solución del conflicto y reiteraron que su lucha es justa y legítima.

Los ejidatarios acusan a Newmont-Goldcorp de agotar los mantos freáticos, de secar un manantial y cinco pozos agrícolas, así como de quitar la concesión de traslado de material a la empresa Cava, formada por habitantes de la localidad.

Por su parte, Felipe Pinedo cuestionó el papel del gobernador Tello Cristerna en el conflicto entre ejidatarios y la minera, pues el mandatario estuvo el pasado 16 de septiembre en la comunidad San Juan de Cedros y constató la falta de agua y la contaminación que Peñasquito ha provocado en esa comunidad rural.

“El gobernador nos ha minimizado, vino y nos dijo: ‘Primero son los zacatecanos’, y aseguró que no iba a enviar a la fuerza pública a desalojarnos. Ahora cambió de opinión y nos juzga como a unos criminales”, reprochó.

En la conferencia de prensa se exhibió copia de un oficio de minera Peñasquito/Newmont-Goldcorp fechado el 26 de octubre, dirigido a la comunidad de San Juan de Cedros, donde Alejandro Tello Cristerna firmó como testigo de la trasnacional, en un acto más de parcialidad.

Pinedo reiteró el extrañamiento de ejidatarios y transportistas hacia la Secretaría de Gobernación –que desde julio intervino para mediar en el conflicto–, que extrañamente se ha sesgado en favor de Peñasquito y contra del interés de los habitantes de Mazapil.

Mientras, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad (RSDCI), que encabeza el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera, responsabilizó al presidente Andrés Manuel López Obrador de la integridad y de la vida de los ejidatarios de Cedros, y de la criminalización de la protesta social, en el municipio de Mazapil, donde el mandatario federal envió el pasado fin de semana a la Guardia Nacional para conseguir la reapertura de la mina.

En una carta abierta, la RSDCI expresó su solidaridad con los ejidatarios de San Juan de Cedros por su lucha a favor de la recuperación de su territorio, la defensa del medio ambiente, la vida, la salud y el trabajo y en contra del extractivismo de la empresa trasnacional Newmont y Goldcorp, que ha venido despojando de su territorio a los ejidatarios de Cedros mediante contratos de temporalidad de 30 años pagándoles 50 centavos por metro cuadrado.