Apenas en septiembre pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) argumentaba ante un juez federal la necesidad de levantar las suspensiones que evitaban el comienzo de las obras del aeropuerto en la Base Aérea Militar de Santa Lucía debido a la necesidad de permitir en todo momento la ejecución de las acciones con la mayor rapidez y alto grado de secrecía, por tratarse de una instalación de carácter estratégico.

Sin embargo, el jueves pasado, al dar el banderazo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que se va a difundir toda la información sobre la construcción del aeropuerto, transparencia completa, no ocultar absolutamente nada.

Según documentos de la Sedena, para la construcción de la nueva termina aérea será preciso demoler algunas estructuras existentes en las instalaciones castrenses. Para eso primero se demolerá la infraestructura existente en 39.668 hectáreas. Los residuos de estas demoliciones tendrán un manejo especial y su disposición final será en predios del municipio de Tecámac, estado de México.

Entre las instalaciones que se tirarán se encuentra el plantel de la Escuela Militar de Materiales de Guerra, inaugurada a finales del sexenio pasado, y que se mudará al estado de Puebla. Todas las demoliciones serán necesarias para reorientar las pistas y evitar así el obstáculo que representa el cerro de Paula, cercano a la zona, y que tiene más de 2 mil 600 metros sobre el nivel del mar. Las dos pistas de uso civil tendrán una longitud cercana a los 4 mil 500 metros cada una, 45 de ancho y estarán localizadas al sur de la actual.

Según la descripción de la Sedena, las pistas 04L-22R y 04C-22C presentan un estado aceptable para la mayoría de los operadores.

El proyecto está definido desde el principio como un aeropuerto mixto civil/militar; al respecto, la Sedena apunta que la Ley de Aeropuertos, en su artículo 62, establece que en los aeródromos civiles donde se ubiquen bases aéreas militares o aeronaves, el comandante de este y el de la instalación militar coordinarán lo conducente para dar prioridad a las operaciones aéreas militares por razones de seguridad nacional, interior y apoyo a la población civil en casos de desastres.