l pasado 16 de septiembre, mientras mexicanos de variadas tendencias políticas se congratulaban de la equilibrada y muy bien llevada ceremonia global del Grito de Independencia en la capital del país, la noche del 15, y compartían los primeros comentarios sobre el tradicional desfile conmemorativo de ese 16, en Culiacán se reunía Uttam Dhillon, director interino de la siempre serpenteante y artera Drug Enforcement Administration (DEA), con funcionarios mexicanos encabezados por el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel.

Como resulta explicable, la reunión fue privada, pero no secreta. El reportero Marcos Vizcarra, de la respetada revista impresa y portal electrónico Ríodoce, consignó que en esa sesión participaron, además de Dhillon (nombrado en el cargo un día después de la victoria electoral de AMLO: el 2 de julio de 2018), los comandantes Maximiliano Cruz Ramos, de la novena Zona Militar, Carlos Ramón Carrillo del Villar, de la tercera Región Militar, y representantes de la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina (es decir, las cúpulas del gobierno federal tuvieron que estar muy bien informadas de este encuentro). El temario dado a conocer oficialmente habló de un esfuerzo de las autoridades sinaloenses por mostrar que se registraba un avance en el combate a las drogas, a tal grado que, entre otros pedimentos, se solicitaba el retiro del aviso de alerta a los estadunidenses que deseasen viajar a tierras sinaloenses (https://bit.ly/2oxyS1d ).

En el mismo mes de septiembre, pero de 2018, el gobierno de Estados Unidos había solicitado la aprehensión de Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y el inicio, a partir de tal detención, de un proceso para extraditarlo al país vecino. No hay constancia o indicio alguno de que en esa extraña reunión de la DEA en Culiacán se hubiera hablado de esa orden de aprehensión pendiente.

Sin embargo, con el olfato periodístico ejercitado durante décadas reporteando sobre esos asuntos, el director de Ríodoce, Ismael Bohorquez, escribió el 1º de este mes en su columna Altares y Sótanos: ¿Qué buscan al venir a Sinaloa ahora en papel de supervisores? No estamos hablando de cualquier lugar, sino de la cuna del narcotráfico en México. Y lo hacen justo dos meses después de la sentencia a Joaquín Guzmán Loera en Brooklyn, NY. ¿Significa que hay una nueva relación entre el gobierno mexicano y Estados Unidos en materia de combate a las drogas? ¿Cambia la estrategia de uno y otro país? (...) Debieron hacer una evaluación de riesgos al promover esa reunión, pero apenas ellos lo saben. En otros tiempos se hubiera tomado como un jugar con fuego. A menos que las reglas hayan cambiado (https://bit.ly/2mA38rG ).

Por razones aún imprecisas, en Culiacán se jugó con fuego. Y fuerte. Muy fuerte. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sufrido el mayor desgaste en el curso de su primer año al mando, que aún no se cumple; reconoció que avaló la decisión de liberar al hijo de El Chapo, aunque estableció que no fue él quien la tomó, sino el gabinete de seguridad. El secretario de seguridad y protección ciudadana, Alfonso Durazo, mintió al atribuir los hechos a un patrullaje militar e hizo penosos malabares para retardar lo más posible la aceptación de que habían soltado al mencionado Ovidio. El secretario de la Defensa Nacional aceptó errores impensables y el Ejército y la Guardia Nacional quedaron en grave entredicho.

¿Errores, filtraciones de alto nivel, traiciones, caos calculado? Lo cierto es que el gobierno de López Obrador pudo librar, con alto costo, un escenario (creado por impericia y descontrol internos o por cálculo de sus adversarios) que pudo terminar en un baño de sangre y habría abierto la puerta a que sus adversarios proclamaran ingobernabilidad.

Y, mientras Bertha Luján avanza en el tablero sucesorio de Morena como candidata preferida en las alturas, y a Mario Delgado (principal opositor) le suspenden la asamblea distrital en la que aspiraba a ser electo como congresista, ¡hasta mañana!

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