Chihuahua, Chih., En lo que va de la administración estatal encabezada por el panista Javier Corral Jurado, iniciada el 4 de octubre de 2016, en el estado han sido asesinados al menos cinco activistas y defensores de los derechos humanos.

Además de Cruz Soto, integrante del colectivo de familias desplazadas por el crimen organizado en el municipio de Guazapares, fueron ultimados Isidro Baldenegro López, Juan Ontiveros Ramos y Julián Carrillo Martínez, indígenas defensores del bosque en la comunidad de Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo al sur de la Sierra Tarahumara.

También fue privado de la vida, en el municipio de Madera, Luis Gutiérrez, líder de la organización Resistencia Civil Madera y Madero Unido, quien defendía a propietarios de automóviles de procedencia extranjera conocidos como chocolates.

Chihuahua es la entidad con más medidas de protección emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en junio de 2017 se aprobó un plan de contingencia para abordar esta crisis, sin que a la fecha haya avances significativos.

La asociación civil Alianza Sierra Madre documentó que al menos 17 líderes de comunidades de la Sierra Tarahumara han muerto en Chihuahua por oponerse a las actividades del narcotráfico, cinco de ellos durante la administración de Javier Corral.

Todos contaban con medidas de protección del Mecanismo para Personas Defensoras de los Derechos Humanos, en el que participan la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General del Estado.

Julián Carrillo Martínez fue asesinado el 24 de octubre de 2018 y el último contacto que tuvo fue una llamada telefónica en la que informaba que estaba en un cerro y había huido de su casa porque un grupo de sicarios lo estaba buscando.

Luis Gutiérrez fue privado de la vida el 17 de abril de 2018 en la carretera de Madera a Nahuerachi, cuando se dirigía a una reunión con otros activistas.

Juan Ontiveros Ramos fue secuestrado y ejecutado en el municipio de Guadalupe y Calvo el 31 de enero de 2017, cuando volvía de una reunión con representantes de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Isidro Baldenegro López fue ultimado el 15 de enero de 2017 por un hombre armado que le disparó frente a sus familiares cuando regresó a la comunidad de Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, para visitar a una pariente enferma después de 10 años de ser desplazado.