Lunes 21 de octubre de 2019, p. 28
La Cámara de Diputados aprobó el dictamen de miscelánea fiscal para 2020, que forma parte del paquete económico para el próximo año, en el cual se suavizó el impacto a las empresas, pues de entrada bajó el rigor en temas de economía digital y en el límite de deducción de intereses en créditos que contratan las compañías de todo tamaño. Es más, hasta exentó a ciertos sectores clave, como el financiero.
Los legisladores también decidieron modificar el cobro del impuesto especial sobre producción y servicios a tabacos y refrescos. Además, eliminaron la propuesta de cobrar la contribución a quienes venden productos por catálogo. De esta forma, el gobierno no impondrá nuevos impuestos ni incrementará los existentes.
Para Florentino Bautista, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, aunque con esta miscelánea fiscal el gobierno respeta su postura de no crear nuevos impuestos, es un hecho que trata de aprovechar los que hasta ahora existen para incrementar la base de contribuyentes.
Se queda en suspenso el tema de las vendedoras por catálogo, que era algo que pegaba a las personas de a pie, dado que habría muchos efectos perjudiciales para ese grupo. Es algo que se debe replantear
, expresó.
Según el dictamen, los diputados aprobaron cobrar impuesto al valor agregado a las transacciones que se hagan en plataformas digitales, como Amazon, Mercado Libre, Airbnb y Uber; sin embargo, quitaron de la lista a las compañías dedicadas a la publicidad y almacenamiento de datos, como Facebook y Google.
Suavizaron el castigo en caso de incumplimiento, pues en lugar de suspender el servicio sólo tendrán un bloqueo temporal de su página de Internet. Además, la entrada en vigor de la norma será en junio de 2020, no en abril.
Un punto que preocupaba a todas las empresas del país era limitar a 30 por ciento la deducción de intereses sobre la utilidad fiscal ajustada. Pero con las modificaciones en la Cámara de Diputados quedaron exentos el sistema financiero, la industria extractiva en general y la deuda pública. Además, las compañías tendrán 10 años para deducir y no tres como estaba escrito.