Madrid. El Tribunal Supremo español declaró ayer culpables de sedición, malversación de recursos públicos y desobediencia a los catalanes que lideraron el proceso unilateral de independencia de octubre de 2017. Nueve de los 12 procesados tendrán que cumplir condenas que van de nueve a 13 años de cárcel e inhabilitación, mientras los otros tres no tendrán que ir a prisión, pero pagarán una multa por haber incurrido en el delito de desobediencia.

La reacción popular al fallo fue masiva. Miles de personas se movilizaron en las principales ciudades catalanas al grito de: Nuestra sentencia: la independencia; además, fue cerrada la Terminal Uno del aeropuerto de Barcelona, donde se cancelaron más de 100 vuelos.

A punto de cumplirse los dos años en prisión cautelar de los procesados, finalmente la sala de lo penal del máximo tribunal dictó la sentencia más importante de su historia reciente, en la que por primera vez se juzga a dirigentes políticos de una región del país por impulsar un referendo de autodeterminación y pretender ejecutarlo.

Entre lo más importante de la sentencia destaca que los siete magistrados decidieron descartar el delito de rebelión, que pedía la Fiscalía, y que hubiera implicado penas mucho más severas. Sin embargo, sí fueron encontrados culpables de los delitos de sedición, malversación y desobediencia, con lo que en conjunto sumaron penas de cárcel por más de 100 años entre los nueve principales acusados.

Las penas van de mayor a menor, según el cargo que tenían en el gobierno. Por lo tanto, el que recibió la pena más severa fue el ex vicepresidente de la Generalitat y máximo líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, quien fue condenado a 13 años de cárcel y de inhabilitación. Los ex consejeros Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa purgarán 12 años de cárcel; Josep Rull y Joaquim Forn sólo fueron sentenciados por el delito de sedición a 10 años y medio de prisión e inhabilitación.

Carme Forcadell, ex presidenta del Parlamento catalán, también de ERC, fue condenada a 11 años y medio de cárcel por sedición. Por este mismo delito impuso una pena de nueve años a los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Ómnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Los ex consejeros que enfrentaron el proceso en libertad, Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs, fueron entenciados a un año y ocho meses de inhabilitación especial y 10 meses de multa con un cuota de 200 euros diarios. Los tres fueron absueltos de malversar fondos públicos.

Según el fallo de los magistrados españoles, los sentenciados no indujeron la violencia que se desencadenó en las jornadas más críticas de septiembre y octubre de 2017, pero sí promovieron tumultos para obstaculizar la aplicación de las leyes.

Las defensas de los acusados anunciaron que presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional por violación de los derechos fundamentales de sus clientes, y si éste no prospera se presentará un recurso de impugnación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

▲ Arriba: Oriol Junqueras, Raul Romeva y Joaquim Forn. Al centro: Jordi Turull, Dolors Bassa y Josep Rull. Abajo: Jordi Cuixart, Carme Forcadell y Jordi Sánchez.Foto Afp

Desde prisión, los independentistas condenados enviaron un comunicado conjunto en el que fijaron su postura: No se ha hecho justicia. La sentencia es la triste culminación de una instrucción que no ha respetado las garantías procesales propias del estado democrático y de derecho. Un proceso judicial que no ha buscado justicia. El Estado ha buscado venganza y castigo... Nuestra apuesta pasa por que Catalunya se convierta en un Estado independiente en forma de República.

Desde Bruselas, donde se encuentra refugiado desde hace dos años, Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat y líder del proceso de independencia, calificó la sentencia de injusta e inhumana. El ex mandatario catalán había sido notificado horas antes de que se ha reactivado la orden de detención internacional que rige en la Unión Europea (UE), y que ahora con una sentencia en firme tiene más visos de prosperar.

El independentismo catalán compareció de forma conjunta para denunciar lo que calificó de atropello y una condena antidemocrática e injusta. El presidente Quim Torra, flanqueado por Roger Torrent, presidente del Parlamento, exigió el fin de la represión, así como la libertad de los presos políticos, exiliados y exiliadas, incluida la amnistía como punto de cierre para todas las personas implicadas.

A las condenas se sumaron agrupaciones políticas, asociaciones civiles, entidades culturales y empresariales, incluidos equipos de futbol profesional como FC Barcelona y el Girona.

La respuesta a la sentencia también se dio en las calles. En Barcelona se movilizaron decenas de miles de personas que a lo largo del día colapsaron las principales calles y cerraron los accesos a la Terminal Uno del aeropuerto de El Prat, donde miles de pasajeros tuvieron que llegar o salir de ahí a pie y bajo la lluvia. Las protestas provocaron la cancelación de más de 100 vuelos, sobre todo porque los equipos de tripulación no pudieron llegar hasta el inmueble por el colapso del tráfico. También fue suspendido el servicio de los trenes de alta velocidad, sobre todo en el tramo que va de Barcelona a Figueras.

En el aeropuerto barcelonés fue donde se reportaron los choques más intensos con los grupos antidisturbios de la policía autonómica catalana (los Mossos), en coordinación con la Policía Nacional española. Los servicios de salud informaron de 57 personas atendidas con heridas leves, de las cuales tres fueron trasladadas a un hospital. En las inmediaciones de la sede de la Policía española, en la Via Laietana, también hubo violencia.

El movimiento independentista, organizado en torno a lo que llamaron el tsunami democrático, anunció más protestas en los próximos días, incluida una huelga general el próximo viernes.