El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) licitó la contratación de los despachos de cobranza que mediarán con los acreditados con la finalidad de erradicar abusos y malas prácticas, así como terminar con el despilfarro de recursos. Con ello se prevén ahorros de 30 por ciento en los aranceles pagados a estos proveedores.

Informó que de contar con más de 200 despachos de cobranza, pasó a 19. La licitación se realizó entre mayo y agosto pasado.

En conferencia de prensa, el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, presentó ayer un nuevo modelo de cobranza social con el que se busca incentivar el pago continuo y oportuno de los créditos, privilegiar la conservación del patrimonio del acreditado y otorgar soluciones accesibles en caso que tenga dificultades para pagar.

Detalló que ante el incremento de la cartera vencida durante la última década, las administraciones anteriores adjudicaron de manera directa contratos a despachos sin controles suficientes sobre su trabajo y los pagos que recibían, derivando en un incremento de 328 por ciento en el gasto destinado a estos proveedores en el periodo 2013-2018 (36 mil millones de pesos) con respecto al periodo 2007-2012 (8 mil 400 millones de pesos). Y tan solo en 2018 el gasto en despachos ascendió a 11 mil millones de pesos.

En el proceso de licitación se contó con la participación de 140 proveedores, de los cuales 32 recibieron una dictaminación técnica positiva y 27 obtuvieron un dictamen económico positivo, arrojando como resultado la adjudicación de 51 contratos a 19 despachos que darán servicios de cobranza en 20 zonas geográficas.

Martínez Velázquez también dio a conocer que 18 despachos que tenían la mayor asignación de cuentas de juicios masivos y a los que se les había pagado miles de millones de pesos son investigados. Además, se eliminó de este proceso de licitación a dos proveedores que también participaban en el litigio de estos juicios.

Entre las cláusulas de participación de esta licitación se incluyó una de independencia, que indica que el monto del contrato no puede superar 25 por ciento de los ingresos totales de cada participante, es decir, que el instituto no debe ser el único cliente del proveedor.

Bernardo Altamirano, subdirector de Administración de Cartera del Infonavit, explicó que la cobranza social se activa cuando el trabajador pierde su empleo y que en este proceso se ha puesto énfasis en el modelo de mediación a través de agencias de soluciones.