El presidente Andrés Manuel López Obrador y el Senado respetaron la Constitución al aceptar la renuncia de Eduardo Medina Mora al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunque no haya expuesto las causas graves que motivaron su dimisión, de acuerdo con el constitucionalista Diego Valadés.

En tanto, el constitucionalista y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Raúl Carrancá y Rivas aseguró que la Carta Magna no específica que un ministro, cuando renuncia a su cargo, deba explicar en ella los motivos que lo llevan a adoptar esa decisión, porque la Constitución no lo establece y quien califica si ésta es procedente o no es el Presidente de la República.

Valadés, académico emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explicó a La Jornada que si bien el artículo 98 constitucional señala que las renuncias de los ministros de la Suprema Corte sólo procederán por causas graves, la gravedad de dichos motivos puede ser explícita o implícita. En este caso fue implícita. ¿Qué puede haber más grave que no desear ocupar un cargo, señaló Valadés, también ex ministro de la SCJN. Nadie puede ser obligado a desempeñar una función contra su voluntad, y ese también es un derecho constitucional. De manera que sí se respetó la Constitución, sostuvo.

Para Carrancá, miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales , quien califica la renuncia es el Presidente. El artículo 98 señala que la renuncia de los ministros sólo procederá por causas graves y que será sometida al Ejecutivo y si éste la acepta la enviará para su aprobación al Senado. Yo interpreto que el titular del Ejecutivo considera si es procedente o no la solicitud, y el ministro no está obligado a especificar las causas.

Indicó que ha trascendido en círculos jurídicos que Medina Mora presentó su renuncia por motivos de salud, de allí se ha interpretado que además de los motivos de salud hay una investigación en la Fiscalía General de la República y eso es muy delicado.

El jurista señaló que en esta coyuntura el jefe del Ejecutivo federal “debe considerar el envío de una propuesta legislativa (de reforma) a la Constitución, porque hasta hoy, como está el texto, implica una intromisión del Ejecutivo en el espacio del Poder Judicial, ya que es él quien decide al candidato y si su terna no se acepta, el Presidente decide.