El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Pedro Salazar Ugarte, presentó ayer su plan de trabajo ante la Junta de Gobierno de la máxima casa de estudios para ser considerado aspirante a la rectoría de la institución para el periodo 2019-2023.

De esta forma, Salazar Ugarte se unió a la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS), Angélica Cuéllar Vázquez, y al actual rector Enrique Graue Wiechers –quien aspira a la relección–, a la lista de los aspirantes a ocupar la rectoría de la UNAM para los próximos cuatro años.

Sin embargo, será este martes cuando la Junta de Gobierno de la universidad nacional publique en su página web el nombre y el número oficial de aspirantes que solicitaron su registro como aspirantes en la rectoría, y ponga a disposición de la comunidad universitaria el currículum vitae, la semblanza profesional y el proyecto de trabajo para el periodo 2019-2023 presentado por cada uno de ellos, así como una síntesis del mismo.

Será el próximo 24 de octubre cuando la Junta de Gobierno dé a conocer públicamente los nombres de las personas que, a su juicio, cumplan con los requisitos establecidos en la legislación universitaria para poder ser entrevistadas por el pleno de 15 integrantes que integran dicha junta, en sesiones que se realizarán a partir del 4 del mes entrante.

La convocatoria, emitida el pasado 26 de septiembre, no da una fecha específica, pero se estima que el nombramiento del próximo rector o rectora se podría hacer público en la segunda quincena de noviembre.

En la síntesis del plan de trabajo que presentó el director del IIJ, Salazar Ugarte, se enumeran siete temas: autonomía responsable, excelencia con vocación social, capacitación e innovación tecnológica, el campus universitario como espacio libre de vio-lencia, inclusión e igualdad y laicidad, democracia deliberativa, gestión transparente con eficacia y honradez.

En el primero de estos temas, Salazar Ugarte propone que la universidad participe activamente en las leyes de educación superior y ciencia y tecnología que se aprobarán próximamente, además de que la agenda sustantiva de la universidad esté guiada por los compromisos 2030 de las Naciones Unidas.