Las reservas de agua que se establecieron en 2018 a través de 10 decretos que publicó la administración pasada pasarán a ser una política hídrica. Con ello se levantarán vedas en el país. Donde hasta ahora está prohibida, la extracción del líquido se destinará para distintos usos, e incluso al medio ambiente, que es la fuente del recurso, se le considera un usuario.

Advirtió lo anterior la coordinadora Agua para Todos, luego de que el director de Administración del Líquido de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Eugenio Barrios, dijo a La Jornada que se buscará impulsar el esquema de reservas de agua en todo el país.

En el contexto de los foros previos para el establecimiento de la Ley General de Aguas, que sustituirá a la legislación vigente y deberá regular el derecho humano al líquido, se ha cuestionado la figura de las reservas por medio de las cuales se destina un porcentaje de la disponibilidad del líquido en una cuenca para el medio ambiente y para la entrega de concesiones para uso público urbano, industria y agricultura.

La coordinadora, en distintos análisis que ha presentado en los foros, señaló que entre las fallas de esa figura está que se toma al medio ambiente como un usuario más, cuando se trata de la fuente de donde surge el líquido, y se plantea mantener las concesiones cómo hasta ahora se han dado: a quien primero lo solicite y sin límite en cuanto a cantidad. Hasta ahora la Conagua ha otorgado 531 mil títulos y para su vigilancia tiene tan sólo 76 inspectores.

En un análisis de Elena Burns y Wilfrido Gómez, integrantes de Agua para Todos, refirieron que se han otorgado megaconcesiones a distritos de riego que han resultado en enormes inequidades y la violación sistemática de derechos al agua y a un medio ambiente sano en regiones críticas del país.

Mediante un decreto publicado hace unas semanas se busca garantizar el derecho humano al agua para los pueblos indígenas con una dotación de cien litros diarios, cuando son ellos los dueños de los recursos naturales, advirtieron.

Hay 104 cuencas y 105 acuíferos que están sobreconcesionadas, donde las comunidades rurales o marginadas son despojadas del agua por los otros empleos. El denominado uso ambiental esconde el hecho de que el ambiente no es un usuario más, sino es el generador del agua, por lo que los cálculos de disponibilidad para aprovechamiento humano tendrán que garantizar la temporalidad, la calidad y el régimen de flujos superficiales y subterráneos así como la vitalidad de los ecosistemas, señaló la coordinadora en los documentos.

Consideró que el uso del agua público-urbano genera confusión, pues se argumenta que es para la gente o para el derecho humano. Sin embargo, es manejado por sistemas estatales y municipales sin ninguna reglamentación. Cada vez más estos sistemas están generando compromisos a largo plazo con usuarios que afectan la disponibilidad para el uso doméstico personal.

En el país varias ciudades, entre ellas Saltillo y Cancún, tienen sistemas privados del servicio de agua potable, pero se ha encontrado que las empresas no cumplen con sus obligaciones contractuales de inversión, y el gobierno municipal termina desplazado del manejo del sistema, sin contar con la capacidad ni la voluntad política de vigilar a la empresa.

La próxima Ley General de Aguas tendrá que contar con los mecanismos requeridos para lograr la soberanía, suficiencia y seguridad alimentaria del país, de una manera que permita la restauración de sus 105 acuíferos y 104 cuencas sobreconcesionadas, garantizar el respeto por los derechos y el bienestar de los núcleos agrarios, pueblos indígenas y poblaciones rurales marginadas, consideró la organización.