El gobierno federal, por medio de la Secretaría de Educación Pública y en acuerdo con la Cámara de Diputados, el Senado, la Auditoría Superior de la Federación, los gobernadores de los estados y los rectores de las universidades públicas, celebrará en la primera quincena de octubre la Convención Nacional Universitaria. Se espera que ahí surjan propuestas para solucionar de fondo las deudas y la situación de quiebra en que se encuentran la mayoría de esas casas de estudio.

Se pretende llegar a profundidad en las investigaciones por manejos irregulares, estructurar un programa de salud financiera que incluya la participación y el compromiso de los trabajadores para que se ajusten a las medidas de austeridad con las que se conduce el gobierno.

Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto en San Lázaro, dio cuenta de ese acuerdo, cuya esencia es abrir la puerta a una solución definitiva a la crisis financiera por la que atraviesan las universidades e institiuciones de educación superior de carácter público, que dadas las circunstancias de malas administraciones o abandono gubernamental se encuentran con condiciones de colapso.

A decir del legislador morenista, la resolución asumida en conjunto con los rectores se enfoca en obedecer el mandato del artículo tercero de la Constitiución para que con gradualidad presupuestaria se garantice el derecho de todos los jóvenes mexicanos a cursar estudios universitarios o superiores y dar opciones para la actualización de los maestros.

Se determinó que el acuerdo debe considerar ir a fondo en las investigaciones en que se vieron envueltas instituciones de educación superior, subrayó Ramírez Cuéllar. Agregó que no habrá mano blanda y todo aquel que haya tenido algún grado de responsabilidad deberá ser castigado con la acción de la justicia: Se aplicará la ley a quien hubiere abusado de su posición para beneficiarse y, en consecuencia, arrastrara a las universidades a un escenario de riesgo financiero.

En torno a la pesada carga presupuestal de las pensiones en curso dentro de las casas de estudio, el legislador Ramírez Cuéllar adujo que es necesario llegar a un acuerdo de largo plazo con los trabajadores para encontrar soluciones que impliquen mejores condiciones de vida y sin afectar los derechos laborales, que ellos participen en programas de racionalidad del gasto, que atienda las dificultades de esas casas de estudio, tan necesarias para el desarrollo de la República.

Reiteró que el acuerdo en búsqueda no tendrá nada que ver con las soluciones coyunturales que se tomaron en años pasados, lo que se hará, subrayó, es aplicar medidas en convenio con todos los actores involucrados, que se establezcan compromisos y responsabilidades, sin afectar a los trabajadores, pero llamándoles a la participación en beneficio de ellos, de las universidades y del interés superior, que son los jóvenes estudiantes, con quienes este gobierno tiene un compromiso sustantivo.